Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), no dudó en tildar de "programación soviética" la posibilidad de poner un tope de precio a ciertos productos alimenticios. Por su parte, las propias asociaciones del sector de la distribución, en un tono menos agresivo, calificaron esta propuesta como "inviable".
Y como alternativa, Adelante Andalucía, un partido cercano ideológicamente a la propuesta de Yolanda Díaz, va más allá de la propuesta de poner un tope a los precios. Según explicó uno de sus miembros en su cuenta de Twitter, un acuerdo con la distribución para limitar ciertos precios "es insuficiente". De hecho, tan solo podría conseguirse alguna que otra promoción como han hecho ya algunas cadenas, "pero poco más".
En opinión de José Ignacio García, la solución para afrontar el actual problema de precios pasa por crear supermercados públicos. "¿Quién podría estar en contra?", se pregunta, a lo que responde: "Carrefour, Mercadona y todo ese percal".
No obstante, argumenta que la situación demanda cuatro actuaciones imprescindibles:
1.Precios asequibles en productos básicos.
2.Pagar precios dignos a agricultores y ganaderas.
3.Salarios dignos a trabajadores de super.
4.Reducir huella ecológica.
Desde su punto de vista, la ventaja de un supermercado público se encuentra en que no tiene que "mantener los beneficios de las grandes multinacionales". Es decir, su razón de ser no es obtener beneficios, como sí lo es para cualquier empresa privada.
Entre las propuestas que desarrolla el miembro de Adelante Andalucía se encuentra la de crear una lista básica de la compra a precio reducido. A la vez, propone elevar el precio que se paga a los proveedores, que así pueden crear un empleo de mayor calidad. También los trabajadores del súper podrían disfrutar de ese empleo mejor pagado. ¿De dónde sale ese dinero? De que el súper público no necesita beneficios.
Por último, esa nueva cadena de supermercados tendría como prioridad la sostenibilidad: priorizar productos ecológicos, reducir el consumo de energía y apostar por las cooperativas. "No estamos hablando de expropiar Carrefour ni de prohibir Mercadona", aclara. "Que sigan funcionando y que compitan con el Supermercado Público", añade.
¿Existen supermercados públicos?
Hay un ejemplo muy claro que se asemeja a lo que proponen desde Adelante Andalucía. Se trata de Abasto Bicentenario, una red de supermercados en Venezuela que nació en 2010 y se disolvió en 2019.
Esta cadena estaba incluida dentro del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y surgió como resultado de la expropiación de las cadenas CADA y Exito. En su momento llegó a contar con 34 tiendas distribuidas en todo el país.
Tras su apertura en 2010, Nicolás Maduro la reestructuró en 2016, en un momento en el que se realizaron numerosas detenciones a gerentes de la cadena. En los años siguientes, los supermercados fueron a menos hasta que, en 2019, tan solo quedaba una tienda. Tras el cierre de la empresa, 10.000 trabajadores perdieron sus empleos, aunque algunas tiendas pasaron a formar parte de la cadena Tiendas CLAP.
