El absentismo, un problema que ha repuntado en los últimos años y cuesta ya 92.000 millones de euros al erario público. Debido al ruido político que suscita, Aecoc, la patronal de fabricantes y distribuidores de gran consumo, ha presentado este martes su primer Observatorio de Absentismo, que arroja algunos datos sorprendentes.

Entre ellos, la subida del mismo entre los más jóvenes (menores de 35 años) y la existencia de un nutrido grupo de reincidentes, a quienes afectan patologías distintas cada vez para prolongar las bajas.

El informe, elaborado a partir de información de la Sala Segura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitada por Umivale Activa, apunta a una concentración de las ausencias en un grupo reducido de trabajadores: el 16,2% acumula el 69,3% de las bajas y el 62,6% de los días perdidos por incapacidad temporal. También alerta del aumento de los procesos de larga duración y del peso de las patologías musculoesqueléticas y de salud mental, cuya evaluación resulta más compleja.

Evolución del absentismo desde el 2000.

España registra, además, el mayor crecimiento de las bajas por incapacidad temporal de la Unión Europea. Entre 2018 y 2024, las ausencias aumentaron un 73%, frente al 16% de media comunitaria. En ese periodo, la incidencia entre los menores de 35 años creció un 152% hasta los 41 procesos mensuales por cada 1.000 trabajadores protegidos. En cambio, entre los mayores de 55 años descendió un 27%. Estos últimos, sin embargo, registran bajas mucho más largas: una media de 82,2 días, frente a los 20,9 días de los jóvenes.

El problema también afecta especialmente a sectores intensivos en empleo y con una elevada necesidad de presencialidad. La tasa de absentismo por incapacidad temporal se situó en el 7,56% en logística, el 7,15% en la industria alimentaria, el 6,48% en el transporte terrestre y el 6,15% en el retail, frente al 5,94% de media nacional. Asimismo, los procesos que superan los 365 días representaban el 17,4% de las bajas activas al cierre de 2024 y concentraban el 34,1% de los días de trabajo perdidos.

Las empresas reclaman un mayor papel de las mutuas

Las compañías señalan las listas de espera sanitarias como uno de los factores que prolongan las bajas y reclaman una mayor coordinación entre los servicios públicos de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas. Tres de cada cuatro empresas participantes consideran baja o muy baja la eficacia del marco regulatorio actual para gestionar y controlar el absentismo no justificado.

Entre las medidas propuestas figuran reducir los tiempos de espera para consultas, pruebas e intervenciones, mejorar el intercambio de información y modernizar la regulación. También plantean ampliar gradualmente el papel de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, además de reforzar la prevención y el seguimiento de los procesos prolongados.

Las empresas reconocen, no obstante, que también tienen margen de actuación en ámbitos como la conciliación, las condiciones de trabajo, el bienestar y la adaptación de los puestos. Los programas de apoyo psicológico, la prevención de trastornos musculoesqueléticos y la formación de los mandos intermedios figuran entre las medidas aplicadas por las compañías con mejores resultados. Después de todo, no todas tienen los mismos índices de absentismo.

"Quien necesita una baja debe tenerla, y debe tenerla con todas las garantías"

El presidente de Aecoc, Ignacio González, ha defendido que proteger la salud de los trabajadores es incuestionable, pero ha reclamado actuar contra las ausencias evitables y el uso indebido o fraudulento del sistema. "Quien necesita una baja debe tenerla, y debe tenerla con todas las garantías. Pero, al mismo tiempo, debemos ser capaces de identificar y reducir el absentismo evitable", ha señalado.

La patronal propone crear un espacio estable de colaboración entre las Administraciones públicas, las mutuas, los sindicatos y las empresas para identificar buenas prácticas, evaluar medidas y coordinar soluciones. El objetivo, ha subrayado González, no es cuestionar el derecho a la baja médica, sino mejorar la gestión de las ausencias y reducir su impacto sobre el conjunto de la sociedad.