Manuel Fernández de Sousa ha presentado su dimisión como presidente de Pescanova al consejo de administración de la compañía, que la ha aceptado por unanimidad.

En dicha reunión, celebrada en la sede de la multinacional pesquera, también se ha acordado la convocatoria de la junta de accionistas para el próximo 12 de septiembre en primera convocatoria, donde estaría previsto que dimitieran los miembros del consejo de administración en bloque.

El directivo gallego, sin poderes ejecutivos ni patrimoniales por orden judicial, ha permanecido al frente de la compañía durante 37 años y está pendiente de ser llamado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tras ser imputado por varios delitos.

El consejo de administración de la firma gallega también ha autorizado la elección por parte de Deloitte, administrador concursal de la compañía, de un asesor financiero que elabore un plan de viabilidad para la multinacional pesquera, según informó en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La dimisión de Fernández de Sousa al frente de la compañía no ha sido la única que se ha aceptado en la reunión, ya que también presentó su dimisión como consejera de la firma Ana Belén Barreras Ruano, única mujer en el máximo órgano de gobierno de Pescanova. El consejo que contó con el estreno como consejero de José María Pérez-Carasa en representación de la Sociedad Gallega de Importación de Carbones (Gicsa). 

La renuncia de Fernández de Sousa se produce después de conocerse el informe forense realizado por KPMG para determinar la situación de la pesquera española, que revela que en los últimos ejercicios se diseñaron y ejecutaron prácticas contables para ocultar deuda, y que estas prácticas eran "instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o menor medida", por miembros de la cúpula directiva.

En concreto, el informe concluye que el objetivo de estas prácticas era presentar una deuda financiera inferior a la real y, como consecuencia, unos resultados superiores a los realmente generados. De hecho, cuantifica que la deuda financiera a 31 de diciembre de 2012 era de 3.281 millones de euros, con un patrimonio neto negativo de 927 millones de euros.