Las grandes empresas deberán acompañar su informe anual con información sobre sus políticas medioambientales pero, también, sobre su personal, el respeto a los derechos humanos, cuestiones de índole social o sobre cómo tratan de evitar la corrupción.

Estos cambios normativos afectan a aquellas compañía que, durante el ejercicio, tengan una media de más de 500 empleados, y que durante dos ejercicios consecutivos reúna al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, y que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones, o que el número medio de trabajadores empleados esté por encima de los 250.

Así figura en el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno sobre información no financiera de grandes empresas, a través del cual se transpondrá la directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes empresas y determinados grupos empresariales.

Según ha informado el Ejecutivo y recoge Europa Press, el aumento de información no financiera en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales sobre estas cuestiones permitirá "identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad".

Por lo que se refiere a cuestiones medioambientales, la directiva europea señala que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.

Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.

En cuanto a los derechos humanos, se incluirá información sobre prevención y medidas, así como en lo relativo a corrupción. La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa, según el Gobierno, contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad.