Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han intervenido 29 canales de jabalí que se encontraban almacenados en pésimas condiciones y sin ningún tipo de control sanitario en una explotación agrícola de la comarca altoaragonesa de la Litera (Huesca), y preparados para su procesamiento y distribución para el consumo humano.

Según informa el Instituto Armado, y recoge Efe, la detección de estas piezas se produjo el pasado 21 de marzo durante una inspección en dichas instalaciones, en el marco de una investigación dirigida al control de actividades irregulares en la recogida, transporte y comercialización de carne proveniente de animales de caza mayor.

Los agentes pudieron constatar que esta finca incumplía las más elementales condiciones higiénicas para almacenar carne de caza y comprobaron que los 29 jabalíes que se guardaban, abatidos días antes en una partida de caza, mostraban signos de un "lamentable" estado de conservación.

El veterinario del Servicio Provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón en Huesca encargado de la inspección de las instalaciones fue informado de que las vísceras de los animales habían sido esparcidas por el monte tras la cacería para hacerlas desaparecer como alimento para animales carroñeros.

La legislación vigente en Aragón exige que las vísceras rojas como el corazón o el pulmón se extraigan bajo supervisión de un veterinario y se conserven de manera individual en un contenedor etiquetado con la misma identificación que la del animal de procedencia de los órganos.

Las fuentes citadas destacan que el transporte de estas carne hasta se realizaba bien directamente en un vehículo de la propia empresa de Soria destinataria en las instalaciones de la sociedad de cazadores promotores de la cacería, o bien eran recogidos en una explotación agrícola que la empresa había destinado para ello en La Litera, donde eran almacenadas hasta su recogida.

Los agentes y el veterinario comprobaron que las canales se encontraban almacenadas tanto en vehículos estacionados dentro de la citada explotación agrícola, sin ningún control de temperatura, algunos de ellas sin refrigeración y otros incluso estaban depositados en el suelo de tierra, tapadas con una lona.

Las canales iban a ser transportadas, supuestamente, a una empresa para su procesamiento y transformación en productos destinados al consumo humano.

Tras determinarse que la carne no era apta para el consumo humano y debía ser destruida, los investigadores formularon diversas denuncias por incumplimiento de las normativas del ámbito sanitario y de protección del consumidor, para su remisión al Gobierno aragonés y a la fiscalía de Huesca.