"El sector está muy preocupado ante el posible impacto negativo que las leyes que actualmente está tramitando la Junta de Andalucía pueda tener en nuestras empresas, que podrían romper la necesaria unidad de mercado creando nuevas cargas económicas y administrativas y, en definitiva, agravios comparativos con respecto a los operadores de otras comunidades autónomas".

Es la alerta que el CEO de Covirán y presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Luis Osuna, ha hecho este jueves junto con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, quienes han mantenido un encuentro para analizar las "amenazas" legislativas que actualmente se ciernen sobre el sector de la distribución alimentaria en Andalucía en base a cuatro leyes de carácter transversal que está tramitando la Junta andaluza: ley de cambio climático; ley de agricultura y ganadería; ley de promoción de la vida saludable y alimentación equilibrada; y ley de movilidad sostenible.

Según ambos directivos, los contenidos de esas leyes, unidos a las medidas recientemente aprobadas por el Estado en relación a costes sociales y salariales para las empresas, generan un horizonte de complejidad para la sostenibilidad económica de las empresas del sector, dada su alta sensibilidad a situaciones que afecten a sus costes de explotación.

Javier González de Lara ha destacado que "en Andalucía actualmente existen una veintena de proyectos de ley en distintos grados de desarrollo que tienen incidencia en la actividad de las empresas y que, en muchos casos, además incorporan nuevas obligaciones económicas, tanto a través de la creación de nuevos tipos fiscales, como de costes directos de inversión para las empresas".

"Estos proyectos normativos tienen una clara incidencia sobre los distintos sectores de actividad económica, generando situaciones de incertidumbre que penalizan la capacidad de planificar actuaciones y la posible atracción de inversiones, en un momento especialmente complicado dado que se pueden lastrar las favorables expectativas económicas generadas", ha añadido.

Ambas organizaciones apuestan por un mayor diálogo social y máximo consenso para que estas normas no perjudiquen a las empresas andaluzas y al empleo. En concreto el presidente de CAEA ha concluido indicando que "es necesario el máximo consenso con el sector, que está plenamente comprometido con el cambio climático, la eficiencia energética, la economía circular, una cadena de valor cada vez más equitativa, la promoción de la vida saludable, la alimentación equilibrada y la movilidad sostenible, pero no podemos permitirnos frenar el inicio del crecimiento, aunque lento, que ha mostrado el sector en los años 2015 y 2016, porque se frenaría igualmente la creación de empresas y empleo en la región".

En la actualidad, CAEA está conformada por 29 empresas, 382 sociedades, 9.129 establecimientos comerciales, 114.000 empleados a nivel nacional (el 80% de carácter estable), 5.830 franquiciados o socios y 250 plataformas logísticas, con un volumen de 25.222 millones de euros de facturación, 4 millones de metros cuadrados de superficie comercial y 1,1 millones de metros cuadrados de superficie de almacén y logística.