La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha dado este miércoles un paso más hacia la ratificación de la Ley contra el Desperdicio Alimentario, con la aprobación del dictamen para sea votada por el Pleno de la cámara.

Los diputados han aprobado, sin votos en contra y con seis abstenciones, su informe sobre el proyecto de Ley cuyo objetivo es reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir desde el campo hasta el hogar y que incluye multas elevadas.

Todos los grupos parlamentarios salvo Vox han reconocido las mejoras sobre el proyecto del Gobierno conseguidas en el dictamen aprobado este jueves, que incluye algunas enmiendas del PSOE negociadas con los demás partidos y otras puntuales de ERC, PNV, Ciudadanos o Grupo Plural.

La nueva ley estipula que las empresas de la cadena de alimentación deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.

El diputado Daniel Senderos (PSOE) ha calificado de "histórica" la nueva ley que prevendrá las pérdidas y favorecerá el aprovechamiento de alimentos.

Ha recordado que 1.300 toneladas al año acaban en la basura y que tres de cada cuatro españoles tiran comida en su casa, con una media de 70 kilos por persona anuales.

Ha señalado que la cantidad de alimentos desperdiciados en el mundo equivale "al país con más consumo de agua, al segundo país con más tierra utilizada para alimentos que nadie come y al tercer país con más emisiones de efecto invernadero".

Milagros Marcos (PP) ha reconocido que la ley ha mejorado durante su paso por la comisión parlamentaria, aunque aún se queda "escasa" y en ese sentido ha apuntado que no debería excluirse a los centros públicos como comedores o residencias de las nuevas medidas.

Entre las mejoras ha citado las menciones a la medición del cumplimiento de normas para alcanzar los objetivos y a la "diferenciación entre los centros pequeños y grandes".

Entre los diputados que han sacado adelante enmiendas, Xavier Eritja (ERC) ha subrayado que el texto transaccionado recoge excepciones para que las microempresas tengan menos carga burocrática y alusiones a planes de empresas de economía social para minimizar el desperdicio.

El proyecto de ley fija un régimen sancionador que establece como falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para la que prevé penalizaciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros.

Cabe recordar que, anticipándose a esta medida, muchos supermercados ya han comenzado a proyectar maneras de reutilizar sus propios desperdicios (por ejemplo, Carrefour ya elabora mermelada con su fruta del día sin consumir).