Alrededor de 7.000 ganaderos se han unido ya para presentar una oleada de demandas por la vía mercantil contra diversas compañías lácteas y reclamar un total de 800 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, informa elEconomista. Se trata del equivalente al 10% del volumen de las compras realizado durante el periodo a lo largo del cual, según siempre la CNMC, se extendieron las prácticas anticompetitivas, entre los años 2000 y 2013.
Cabe recordar que en 2019 la CNMC sancionó con 80,6 millones de euros a ocho empresas -Danone, Lactalis, Nestlé, Central Lechera Asturiana, Pascual, Puleva, Pascual, Schreiber Foods- y dos organizaciones empresariales -la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña- por haber pactado los precios. La industria láctea ha recurrido la multa ante la Audiencia Nacional.
La firma jurídica Eskariam está al frente de este proceso legal en colaboración con el despacho de abogados norteamericano Hausfeld. Desde Eskariam se señala que aún es pronto para saber cuantas demandas se pueden interponer "porque algunas de ellas podrían agruparse, aunque el importe ya está definido".
Los ganaderos podrán presentar las demandas tanto contra la empresa a la que vendieron la leche como contra cualquiera de las que formaban parte del cártel, al haber sido supuestamente responsables también del cierre del mercado.
PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
Según dictaminó la CNMC en su resolución hace dos años, las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores consistieron en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.
Esta información permitía ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda.
"Como consecuencia de ello los ganaderos, carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores", aseguraba Competencia. Las comunidades autónomas más afectadas por la acción del cártel son, fundamentalmente, Galicia (57%), Castilla y León (35%) y Asturias (6%).
