España es el segundo país de la Unión Europea que más trabas impone a supermercados, comercios y otros negocios de venta minorista, según informes de la Comisión Europea, que apunta a dos variables: la primera tiene que ver con la apertura de los negocios y mide el tratamiento que reciben las empresas, mientras que la segunda se refiere la incidencia de las multas y sanciones que aplican las Administraciones Públicas a estos establecimientos, informa Libre Mercado.

Por lo que respecta al primer punto, la Comisión señala que se tiene en cuenta el tamaño de los establecimientos, la ubicación de los comercios, los requisitos de presentación de datos e información mercantil, la minuciosidad de la planificación urbanística, el número de permisos y licencias requeridas, las distintas instancias del sector público con las que es preciso dialogar, el número de informes de impacto vinculados a la apertura, los tiempos de duración de los procedimientos y las dinámicas referidas a la resolución de los expedientes.

Al analizar estas cuestiones, España aparece en la zona media-baja de la tabla, lejos de las posiciones de referencia. En una escala de 0 a 5, donde 0 es la mejor nota posible y 5 es la más desfavorable, España obtiene un resultado de 3,5. En cambio, el nivel de trabas en nuestro país a la apertura de negocios y establecimientos empresariales está muy lejos de las calificaciones que alcanzan otras economías europeas: Portugal y Francia están por debajo de los 2 puntos, Croacia y Grecia se sitúan en torno a 1,5 puntos y Eslovaquia y Estonia rozan el umbral de 1 punto.

Por lo tanto, según la Comisión Europea, España es el segundo país con más restricciones al funcionamiento cotidiano de los comercios. En esta categoría entran las trabas referidas a los horarios de apertura, los canales de distribución, la posibilidad de ofrecer rebajas y ventas promocionales, el pago de impuestos específicos asociados al sector y las restricciones normativas que inciden en la oferta de proveedores.

A esto hay que sumarle, como se indicaba, la incidencia de las multas y sanciones que aplican las Administraciones Públicas a los supermercados, comercios y demás puntos de venta minorista en España, mucho más duras y frecuentes que en el resto de Europa. En total, las cargas administrativas, regulatorias y burocráticas suponen un golpe anual de más de 2.734 millones a los negocios de nuestro país, la segunda cifra más alta de la UE, solo por detrás de Italia.