Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita. Son las marcas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, chorizo, salami y salchichón, que en los últimos días se están retirando del mercado después de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) emitiera una alerta alimentaria tras conocer una operación policial que ha inmovilizado cientos de toneladas de alimentos, sobre todo jamones, por posible riesgo para la salud pública.

El pasado 22 de junio, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana informó de la inmovilización de 490,6 toneladas de productos cárnicos y suspendió a cinco empresas por prácticas fraudulentas, dos de ellas en Alzira, una en Bocairent, una en Cheste y otra en Real de Montroy. Todo partió después de descubrirse una empresa clandestina de jamones y productos cárnicos en Alzira, con la recuperación de cien toneladas de productos. También supuso la inmovilización de 15.000 jamones y 160 boxes de cartón que a su vez contenían de 140 a 180 piezas de jamón y paleta curada de esta mercantil en Boicarent y que supuso la suspensión de actividad de ambas.

Además, se han retirado más de 4.302,76 kilos de productos cárnicos loncheados y 363 piezas de jamón y paleta en establecimientos de la cadena Family Cash y alrededor de 20.000 unidades de distintos productos cárnicos loncheados (7.358,25 Kg) de la cadena Kuups, que han colaborado activamente en la retirada de los productos de sus establecimientos de venta.

Aecosan ha recomendado a los consumidores que pudieran tener productos cárnicos curados de las marcas anteriormente mencionadas en sus hogares que se abstengan de consumirlos. El problema principalmente llega por dos motivos: los alimentos no eran almacenados en condiciones higiénicas y la trama empresarial manipulaba las fechas de caducidad de los productos en mal estado.

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, Avacu, ha pedido a los consumidores no comer productos de estas marcas, reclamar la devolución del dinero y pedir un informe médico si se sospecha haber sufrido algún problema de salud por haber comido alguno de estos productos.

La operación policial se sigue desarrollando, ya que las empresas valencianas tienen vinculación con otros almacenes de otras Comunidades autónomas, como Castilla y León, Cataluña, Madrid y Andalucía.