Retos de la distribución urbana de mercancías para avanzar hacia la movilidad eléctrica

El 26% de las empresas dedicadas a la distribución urbana de mercancías cuenta con vehículos eléctricos para el reparto en zonas de bajas emisiones, calles peatonales y zonas de prioridad residencial. Sin embargo, para siete de cada diez de estas empresas, los vehículos eléctricos no representan más del 5% del total de su flota. El porcentaje crece hasta la franja de entre el 25%-50% de vehículos eléctricos en flota en el caso de las empresas especializadas en la paquetería, que cuentan con una mayor oferta eléctrica, como furgonetas pequeñas

Así lo revela el informe La energía eléctrica en el transporte de mercancías, realizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, Aecoc, en colaboración con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive).

Preguntadas por cuáles son las principales barreras para invertir en vehículos eléctricos, siete de cada diez empresas apuntan a la falta de infraestructuras de recarga disponibles y la escasez de oferta de furgonetas y vehículos industriales eléctricos adecuados para la distribución de mercancías. Otros desincentivos para acometer la transición eléctrica en la movilidad son la falta de autonomía de los eléctricos y la diferencia de precio de estos respecto a alternativas como el diésel.

"La oferta de vehículos eléctricos adecuados para la distribución crecerá rápidamente. Sin embargo, resulta evidente que la administración debe hacer una apuesta clara por la movilidad eléctrica, instalando más puntos de recarga, ayudando a la compra de vehículos por parte de las empresas -especialmente de pymes y autónomos-, y unificando las normativas sobre la circulación en núcleos urbanos en las principales ciudades del país", expone el responsable del área de Smart Distribution de Aecoc, José Carlos Espeso.

UNIFICAR LA NORMATIVA

Espeso ha incidido en la necesidad de unificar las normativas municipales haciendo referencia a la Ley de Cambio Climático aprobada recientemente y que obliga a las ciudades de más 50.000 habitantes a contar con una Zona de Bajas Emisiones en 2023. “Hay que acelerar en las estrategias para cumplir con los plazos marcados y para hacerlo con criterios comunes entre municipios, que eviten la diversidad de condiciones para acceder a los núcleos urbanos”.

El uso de vehículos eléctricos está por detrás de otras modalidades de combustión alternativa para la distribución urbana de mercancías. Así, el 54% de las empresas dispone de vehículos de gas natural, aunque en la mayoría de casos con un peso también inferior al 5% sobre el total de la flota. En el caso de los híbridos, están presentes entre los vehículos del 28% de las compañías encuestadas, y para la mayoría suponen más del 10% de la flota.

PLANES DE FUTURO

La evolución de la legislación y del apoyo administrativo condiciona también los planes de inversión futuros de las empresas. Así, el 35% de las compañías afirma que, por el momento, no tiene pensado adquirir vehículos 100% eléctricos, frente al 33% que condiciona estas inversiones a un cambio en el marco regulatorio y a una ampliación en las ayudas disponibles.

Entre las compañías que sí tienen previsto incorporar eléctricos a su flota, la mayoría invertirán en vehículos ligeros y adecuados para la distribución urbana de mercancías: el 25% de las compañías afirma que comprará camiones o furgonetas con capacidades por debajo de los 3.500 kg.

CIUDADES MÁS SOSTENIBLES

El informe recuerda el papel estratégico que juegan los vehículos de combustión alternativa para crear ciudades más saludables y sostenibles. Actualmente, la distribución urbana de mercancías supone el 38% del total del tráfico generado en una ciudad como Madrid, y se espera que este porcentaje sea del 47% en 2025.

"El uso de energías alternativas en la movilidad es clave para crear ciudades con menos contaminación ambiental y acústica sin afectar a los servicios", considera Espeso. "El coste de la movilidad, en forma de tiempo perdido en atascos, impactos medioambientales y de siniestralidad, podría aumentar el 30% hasta 2025 si no se actúa", subraya.