Tras los meses de verano, además de la permanente tensión existente en el escenario global con el conflicto de Ucrania, la situación en España tras las elecciones sigue marcada por la incertidumbre política y la parálisis en la tramitación de nuevas leyes hasta la futura formación de gobierno.

Esta situación evidentemente no ayuda a seguir avanzando con el horizonte 2030 y previsiblemente si se alarga en el tiempo, puede afectar al desarrollo económico del sector, aunque en algunos casos el efecto ha sido totalmente contrario y la autorregulación de los propios sectores es a veces más eficaz que una nueva norma que no tiene en cuenta los impactos en el mercado.

La pregunta que siempre nos hacemos en estas situaciones es ¿cómo nos puede afectar? ¿cómo le puede impactar al gran consumo la situación y el entorno actual?

En primer lugar está claro que las elecciones anticipadas provocaron una parálisis en el desarrollo de las normas que estaban tramitándose y que afectan al sector de alimentación y distribución, tales como la Ley del desperdicio alimentario (que fue aprobada en el Congreso y le quedaba el último trámite parlamentario del Senado, la cual articulaba medidas contra el desperdicio de más de 1.200 millones de kilos de alimentos en todos los eslabones de la cadena de producción) o también la Ley de movilidad sostenible (que tenía prevista su entrada en vigor en el último trimestre de 2023, y afectaba entre otras medidas al fomento de transporte ferroviario de mercancías, el establecimiento de nodos logísticos o los peajes en el centro de las ciudades para reducir las emisiones contaminantes…).

Pero más allá de este impacto el principal problema por el que atraviesa nuestro sector es la creciente y continuada tensión inflacionista que ha afectado al consumidor con incrementos de precios y pérdida de poder adquisitivo desde el inicio del COVID, con una tormenta perfecta que ha impactado en los costes del transporte, en la subida del precio de las materias primas, en los incrementos del precio de la energía, etc. unido a la posterior guerra de Ucrania.

Todo ello ha provocado una caída del volumen de ventas en unidades al reducirse el consumo por hogar, lo que está provocando un nuevo escenario de dificultad dentro del sector agroalimentario y el retail. Y lo más preocupante, es que esta situación se alargará en el tiempo si se cumplen las predicciones, la escalada inflacionista continuará en 2024 y los incrementos de precios de cara al consumidor seguirán impactando negativamente en el consumo de los hogares.

Ante este panorama, hacen falta medidas que ayuden a contrarrestar estos efectos, como la reducción del IVA de los alimentos que permita la contención del precio final siempre que sea de una forma general y significativa. Otros países de la Unión Europea han aprobado medidas para paliar la inflación y la escalada de precios: como Alemania, dónde se aprobó una ley para compensar los gastos de las familias generados por la inflación o bajadas de impuestos para aliviar la presión fiscal; o Francia, dónde se han destinado fondos a la ayuda alimentaria de las familias.

El fisco señala a los supermercados

El mayor riesgo lo tiene la distribución, debido a que la tendencia en otros países señala a los retailers como los que deben soportar la contención de los incrementos de precios. Fundamentalmente se articula a través de un impuesto a la gran distribución y a los supermercados, gravando en muchos casos los beneficios de estos, es una tendencia que probablemente se extienda en Europa para limitar los beneficios y crear fondos de ayuda a los consumidores. Estas medidas contrastan con los resultados negativos que algunos operadores ya han empezado a comunicar como Lidl en el Reino Unido o Alimerka en España por el incremento de los costes soportados.

Fusiones y adquisiciones en el horizonte

Ante este entorno de dificultad por la que atraviesan muchas familias y con el último incremento de los tipos de interés por parte del BCE que afectará a la liquidez de los consumidores (con estimaciones de inflación media para este año del 5,6%, y del 3,2% para el que viene), probablemente asistiremos en 2024 a una mayor tensión en el sector y se producirán nuevos movimientos de operaciones de M&A para abordar los retos del crecimiento de las compañías con una mayor garantía de éxito.

Si analizamos las casi 50 operaciones más destacadas dentro del sector agroalimentario, realizadas en los últimos 12 meses que se produjeron en el capital riesgo en España, éstas han tenido una valoración creciente del múltiplo de Ebitda, que ya se sitúa, de media, en 11 veces su valor. Las previsiones en 2023 y 2024 son crecientes ya que se observa en los últimos meses una mayor actividad por parte de inversores, con interés creciente por el sector de alimentación.

Los volúmenes de venta seguirán cayendo

Nuestras previsiones desde el observatorio del sector en ONTIER, siguen siendo de incrementos del volumen del sector del gran consumo en nuestro país en términos de valor (euros) y una caída del volumen en unidades. En términos de resultados, se concentrarán los mayores crecimientos en las compañías de mayor tamaño lo que puede nuevamente provocar los procesos de M&A que ayuden a ganar dimensión a las empresas agroalimentarias que operan en el “middle market” español, con foco en crecer en los mercados internacionales.

Por otro lado pondrá nuevamente encima de la mesa las posibles operaciones de integración y consolidación en el sector retail-supermercados, sabiendo que en España los operadores regionales han sabido posicionarse liderando sus entornos y adquiriendo dimensión suficiente para afrontar situaciones como las actuales de la mano de las centrales de compras.

En conclusión, asistiremos a un último trimestre del año 2023 muy competitivo como hasta ahora, con nuevas operaciones en el sector agroalimentario, con expectación a ver como se resuelve la situación política en nuestro país, y una caída del consumo que puede marcar la evolución de las empresas en los próximos meses.