El Gobierno de España va a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la subida del IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21%, según consta en el plan presupuestario remitido este jueves a Bruselas.

Esta medida, recogida por la agencia Efe, tiene como objetivo según el Gobierno favorecer “hábitos más saludables”, se sumará a otros cambios fiscales ya conocidos, como la entrada en vigor de los nuevos impuestos digital y financiero, la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso -que ya ha superado el trámite de información pública- o las medidas incluidas en el proyecto de ley frente al fraude fiscal aprobado esta semana.

Se confirman de este modo las intenciones adelantadas por el Ministerio de Consumo, que ya anunció hace diez días la puesta en marcha de este tributo para refrescos y zumos, aunque su idea inicial era gravar también a la comida rápida, extremo que se concretará en el borrador definitivo de los PGE.

Una vez más, la alimentación -y el consumidor final- en el punto de mira fiscal pese a que las patronales ya han alertado de que esta decisión recaerá sobre las rentas más bajas, que son las que más consumen este tipo de productos.

En este sentido, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) considera esta medida “injusta y discriminatoria”. La patronal considera que este nuevo golpe fiscal “solo tiene un efecto recaudatorio que además va a impactar más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis”. “Con esta medida, que va a retraer de manera considerable el consumo, el Gobierno demuestra también una gran falta de sensibilidad con un sector como el de la hostelería, gravemente afectado por la pandemia”, asegura el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

En cuanto a la decisión de adoptar esta subida fiscal con el objetivo, según el Gobierno, de favorecer hábitos más saludables, el director general de FIAB recuerda que estas medidas no cambian hábitos y además no tienen ningún efecto probado sobre la salud ya que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial”.

Por su parte, la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) ha emitido un comunicado en el que califica la subida del impuesto de "injusta, discriminatoria y con un claro componente ideológico". Se trata, añaden, de un duro golpe a la hostelería, al consumidor y a la industria de bebidas que paga impuestos en España (más de 500 millones) y contribuye a la activación de la economía.

Con esta propuesta, denuncia ANFABRA, el Gobierno "da la puntilla" a la hostelería, un sector clave, ya que supone el 6,2% del PIB y genera 1,7 millones de empleos, y que a su vez es uno de los más afectados por esta crisis, con constantes restricciones y cierres.

Estos establecimientos, recuerdan,  vienen reclamando una bajada del IVA al 4% que ayude a paliar las pérdidas provocadas por las constantes restricciones y cierres, tal y como están haciendo en otros países.

La propuesta enviada a Bruselas, destaca la patronal, se desmarca de la tendencia general que se está siguiendo en Europa, donde 8 países ya han aprobado una reducción del IVA con el fin de reactivar el consumo: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania).

Un impuesto a productos universalmente consumidos, concluye Anfabra, afectaría a todos y especialmente a las rentas más bajas, las más golpeadas por la crisis, lo que mermaría aún más su poder adquisitivo. El sector de bebidas refrescantes apuesta por la promoción de hábitos saludables y por compromisos voluntarios, entre los que se incluye la reducción del contenido de azúcar puesto en el mercado procedente de estas bebidas, que ya ha alcanzado un 35%, entre 2005 y 2018, sentencian.

Por su parte, la Asociación de Empresas del Gran Consumo Aecoc considera que este tipo de medidas acaban por  debilitar el consumo. Un consumo que,recuerdas Aecoc, está ya  muy coartado por la actual situación económica y la incertidumbre con respecto al futuro.

Para la asociación, las medidas impositivas sobre alimentos, bebidas, o ingredientes, no son la herramienta más eficaz para combatir un problema de salud multifactorial como es la obesidad y en el que intervienen factores individuales, ambientales y del entorno, entre otros.

Lamenta Aecoc, además, que este anuncio se produzca en un momento en que buena parte de las empresas afectadas por esta última medida atraviesan serias dificultades por la situación del sector de la hostelería y restauración que supone, para ellos, un importante canal de venta.

LA EXPERIENCIA CATALANA

Recordemos que este 'hachazo fiscal' a la industria ya se realizó en la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde un gravamen extraordinario sobre las bebidas azucaradas envasadas entró en vigor el 1 de mayo de 2017 y logró poner de acuerdo a toda la industria alimentaria, tanto fabricantes como retailers, cuya oposición derivó meses más tarde en la presentación de acciones legales contra la tasa. Su miedo, y enfado, estaba justificado, pues apenas un año después se comprobó que el impuesto había reducido el 22% el consumo de refrescos y otras bebidas similares en la región catalana.

Meses después, ya en julio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló ese decreto con el que la Generalitat aprobó el reglamento del impuesto de las bebidas azucaradas envasadas. El tribunal estimó la demanda interpuesta por las asociaciones de distribución, supermercados, comercios y restauración, al considerar que el decreto era nulo porque su aprobación no respetó los trámites de consulta, audiencia e información pública. Sin embargo, el Gobierno catalán decidió recaudando este tributo. ¿Terminará en los tribunales el impuesto que prepara el Gobierno central? ¿Están los fabricantes en el punto de mira del Ejecutivo como fuente extraordinaria de ingresos para sus Presupuestos? ¿Volverá el consumidor final a pagar -vía IVA- los 'sobrecostes' de la crisis?