El Ayuntamiento de Madrid aprueba este jueves el avance de la normativa urbanística que restringirá las cocinas fantasma en suelo residencial, de modo que su superficie no podrá superar los 350 metros cuadrados y los repartidores tendrán que hacer la carga y descarga dentro del local.

Aunque la tramitación de esta reforma podría alargarse alrededor de un año hasta su aprobación definitiva, el Consistorio suspenderá el otorgamiento de las licencias susceptibles de verse afectadas desde el momento en que este avance sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, previsiblemente en dos semanas.

Por tanto, se interrumpirá durante un plazo prorrogable de un año la tramitación de las licencias para instalar cocinas industriales de más de 350 metros cuadrados en suelos residenciales -o sea, las que pasarían a ser ilegales con la nueva norma-, una paralización que concierne a cuatro expedientes, indican fuentes municipales.

Con esta reforma, las llamadas cocinas fantasma contarán con una normativa urbanística específica, bajo la denominación de 'cocinas agrupadas', y se les exigirá la elaboración de un estudio de impacto ambiental y de movilidad antes de iniciar su actividad. La intención del Ayuntamiento es fomentar que estos negocios se implanten en áreas industriales y sacarlas del centro de la ciudad.

Con las limitaciones de espacio que regirán en los suelos residenciales, en la práctica sólo cabrían unas seis cocinas por local, por lo que el Consistorio confía en que la norma desincentive su instalación en estas zonas. Además, estos condicionantes de superficie y organización de la carga y descarga, así como la suspensión del otorgamiento de licencias, se aplicarán también a los locales de almacenaje con reparto a domicilio.

Desde el Ayuntamiento recalcan que estas restricciones sólo tendrán efecto en los suelos residenciales, no así en los industriales, donde quieren llevar preferentemente estas actividades. Recuerdan que, en todo caso, tanto las cocinas agrupadas como los locales de almacenaje con reparto a domicilio constituyen usos industriales, por lo que sólo pueden instalarse en suelos residenciales cuando el edificio en cuestión admita ese tipo de uso.

Con estas modificaciones, el Consistorio aspira a responder a la proliferación de estas actividades observada al albur de la pandemia, que ha sido objeto de continuas quejas por parte de la oposición y de colectivos vecinales.

Aún así, el Ayuntamiento sostiene que sólo hay diez locales de la capital que tienen licencia específica de cocinas industriales.

Tras la campaña de inspecciones emprendida en el primer semestre de este año, el Consistorio incoó expedientes de disciplina urbanística a tres de los diez establecimientos, que presentaban deficiencias leves y a los que se ha abierto un procedimiento disciplinario para regularizar su situación.