"Si el camión paga por la autovía, subirá el precio de los alimentos"

La iniciativa del Gobierno español de empezar a cobrar un peaje en las autovías a partir de 2024 (un nuevo impuesto que posteriormente se quiere extender por el resto de la red de carreteras) ha sido calificada como "injusta", "peligrosa para la economía española" o "poco positiva en materia de seguridad vial" por parte de las asociaciones de transportistas españoles.

Leemos en El Mundo que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la del transporte de viajeros (Confebus) esperan que se respeten sus acuerdos de exención del pago de estos peajes por parte de los profesionales. "Si el camión tiene que pagar por usar la autovía se va a trasladar ese coste al usuario final y subirá el precio de los alimentos, de todo lo que se transporte", según Dulsé Díaz, secretario general adjunto de CTEM.

"Nos encontramos ante una situación de incertidumbre", ha reconocido Díaz, que ha recordado que en julio de 2020 el secretario de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, firmó un acuerdo con representantes del sector en el que se comprometía a no aplicar peajes sin establecer previamente consensos con el sector del transporte. Se trata del mismo Pedro Saura que este mismo viernes ha defendido el nuevo impuesto como una medida "justa", porque pagarían solo los usuarios que utilizan las carreteras y no el conjunto de la población mediante los Presupuestos Generales del Estado. Un mantra que el Ejecutivo y el grupo parlamentario socialista no paran de repetir en las últimas horas sin darse cuenta de que abren un peligroso melón. ¿Y si alguien defiende que la sanidad pública sólo deberían pagarla quienes la utilizan?

Desde la CETM advierten de que la medida podría suponer "un gran impacto en la línea de flotación" de la economía española, fundamentalmente en el ámbito de los intercambios comerciales. "España está muy lejos de Europa y los productos que exportamos son, en su mayoría, de bajo valor añadido. Este sobrecoste podría hacer que nuestros productos pierdan competitividad en Europa", ha advertido Díaz en declaraciones recogidas por PressDigital.

De la misma opinión es el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Juan José Gil, que ha pedido "abrir un debate" a la Administración y la aplicación de medidas que eximan a los transportistas de abonar esta tasa.

Gil ha tildado de "injusto" a este gravamen ya que, según varias estimaciones, el Estado recauda "entre 14.000 y 15.000 millones de euros" en el impuesto de hidrocarburos, mientras que solo dedica 3.000 al mantenimiento de carreteras.

FRENO A LA COMPETITIVIDAD

También ha mostrado su rechazo a esta medida la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO). En palabras de su presidente, Francisco Aranda, "aumentar la recaudación con arreglo a una propuesta que supondrá un importante coste para los profesionales del transporte es tremendamente inoportuno". Según Aranda, lo único que conseguirá el Gobierno con esta propuesta será "frenar la competitividad y el crecimiento económico del sector".

Contra el argumento del "quien contamina, paga", que esgrime el Gobierno, desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) han recordado que este sector representa "menos del 6%" de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

Desde Astic, además, también han alertado sobre lo nocivo que puede resultar esta medida en materia de seguridad vial, ya que muchos conductores pueden verse abocados a utilizar vías convencionales (en las que se concentra en mayor medida tanto la siniestralidad como la mortalidad) para ahorrarse el pago de este peaje.