Entre anuncios, propuestas y reuniones, las diferentes partes han ido dejando claras sus posturas frente a la idea de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, de poner un precio tope a ciertos productos básicos. Desde el sector de la distribución la posición está clara, pero otras voces interesadas también se han expresado al respecto.

Aecoc, que reúne a más de 31.000 empresas del país, rechaza la intervención de precios y recuerda que ya han tratado de ajustar sus márgenes para que no todo el incremento de costes se refleje en el precio final de los productos. Mucho más combativos se han mostrado desde el pequeño comercio.

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha expresado su "absoluto rechazo y malestar". Lo que más preocupa a esta organización es que Díaz haya cambiado de discurso en los últimos días y ahora hable de que los grandes grupos de distribución traten de pactar precios.

"Es una amenaza para miles de comercios", añaden desde la confederación. Además creen que "de salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad, al ejercer un 'efecto llamada' sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad, que no puede competir en márgenes ni asumir los costes".

"La solución para ayudar al consumidor, fin con el que nos mostramos totalmente comprometidos, no debe pasar en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad", dice el presidente de la asociación, Rafael Torres, quien cree "incomprensible" que su organización no esté convocada a la reunión de este lunes.

Tampoco está convocada la Federación de Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB). La Federación apunta que la fijación de precios podría provocar "efectos no deseados" y que en el difícil contexto socioeconómico actual "no se pueden adoptar medidas que perjudiquen la competitividad y al mantenimiento del empleo".

El PSOE frena a la ministra de Trabajo

Desde otros puntos del Gobierno tampoco aprueban la medida. Las críticas tienen que ver con que Díaz ni siquiera tiene potestad dentro del ramo y también con que atenta contra el libre mercado, como señala la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Uno de los principales interesados, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, duda de la viabilidad de la medida. "Evidentemente nadie tiene en su mano, ni desde un punto de vista del sentido común, ni desde un punto de vista de la ley, la posibilidad de fijar precios o indicarle precios a la distribución", apunta.

No obstante, pide responsabilidad a la distribución y señala que "un incremento de precios excesivo sobre los ciudadanos, afecta a su estilo y a su condición de vida".

Quien también tiene algo que decir es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Maroto pone el foco en que no se debe "perjudicar al pequeño comercio" con este tipo de acciones. En ese sentido, señala que en la distribución de alimentos hay "una gran competencia", mientras que el pequeño comercio está en "desigualdad de condiciones", como afirma la CEC.

La oposición critica el "sainete"

Por su parte, el Partido Popular ha puesto numerosos adjetivos para definir la situación que se está viviendo estos días con respecto a este asunto. "El sainete está muy bien para celebrar fiestas pero cuando se habla de alimentos no se le puede tomar el pelo a los ciudadanos desde el Gobierno", dice el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha pedido respeto a la ciudadanía que tiene dificultades para llegar a fin de mes y llenar la cesta de la compra.

Además, cree que estas discrepancias parecen una "broma" y ha alertado de que "estas contradicciones permanentes entre el presidente y sus vicepresidentas, entre las vicepresidentes y los ministros, son ya una señal de deterioro muy profundo que está sufriendo el Gobierno de España en este momento".