La Comisión Europea ha presentado nuevas normas para garantizar mayor seguridad en las operaciones de ecommerce, tanto para los retailers como para los consumidores. Se trata de la aplicación de la segunda directiva sobre servicios de pago (DSP2) que exige a los proveedores de servicios de pago diseñar un sistema de autentificación fuerte del cliente.
Por ejemplo, una medida es pedir una combinación de al menos dos elementos independientes antes de que se pueda efectuar un pago, que podrían ser un elemento físico (tarjeta o teléfono móvil) combinado con una contraseña o una característica biométrica, como las huellas dactilares.
La CE también crea un marco para los servicios asociados a las cuentas de pago de los clientes, como los denominados servicios de iniciación de pago y los de información sobre cuentas.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Euro, explica los motivos por los que son necesarias estas nuevas normas: "Las nuevas reglas guiarán a todos los agentes del mercado, antiguos y nuevos, para ofrecer mejores servicios de pago a los consumidores, al mismo tiempo que garantizan su seguridad".
"Las nuevas reglas guiarán a todos los agentes del mercado para ofrecer mejores servicios de pago a los consumidores"
El Parlamento Europeo y el Consejo tienen ahora tres meses para examinar las normas técnicas adoptadas por Bruselas y se publicarán en el Diario Oficial de la UE, tras lo cual los bancos y otros actores en el servicio de pago contarán con 18 meses para implantarlas.
Como sabéis, una de las grandes preocupaciones del sector del gran consumo es el aumento de los fraudes en el comercio electrónico.
El informe La pérdida en la gran distribución comercial 2017, elaborado por Aecoc en colaboración con EY, señalaba que el 80% de las empresas del gran consumo consultadas en el estudio situaban el índice de fraude en la venta online entre un 0% y un 0,25%. Sobre las medidas que usan las empresas para prevenir el fraude online, el 67% afirma utilizar un software de detección de operaciones fraudulentas y un 40% tiene definidos protocolos de actuación con los cuerpos policiales en caso de detectarlo.
