El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a los anteproyectos de ley que crean los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, con los que el Gobierno prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que la llamada 'tasa Google' se dirige a las plataformas que trabajan de forma "privilegiada" y que proporcionan una "gran desventaja" a otros comercios o actividades que pagaban impuestos, con lo que se hace frente a la "competencia desleal".
Celaá ha destacado que España será el primer país de la UE que establece esta imposición para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital. El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
IMPUESTO SOBRE INGRESOS, NO SOBRE BENEFICIOS
El nuevo impuesto, conocido como 'Tasa Google' por el tipo de negocios sobre los que principalmente recaerá, es mirado con recelo por el gran comercio desde que se anunció su puesta en marcha. Fuentes del sector citadas por EFE llevan tiempo alertando de que supondrá un cambio "radical" en la manera de gravar a las compañías, dado que se impone un 3 % sobre los ingresos y no sobre los beneficios como se hace normalmente.
El nuevo impuesto afectará sobre todo a compañías digitales, de publicidad o plataformas, pero, a diferencia de empresas realmente tecnológicas como Google, Apple y Facebook, las de comercio electrónico, como por ejemplo Amazon, tienen unos ingresos muy altos, con unos beneficios muy bajos, según subrayan.
El objetivo de esas tasas es encontrar una manera de gravar a compañías que no invierten en Europa, pero no es el caso de Amazon, que ha invertido 27.000 millones de euros y genera 65.000 trabajadores en el viejo continente, recuerdan. La nueva tasa afecta directamente al negocio de intermediación entre clientes y vendedores en el comercio online, pero en principio no al de 'retail'.
Sin embargo, son numerosas las fuentes que temen que estos gigantes del comercio online terminen pasando la 'factura' de esa tasa a los retailers con los que trabajan y que estos, finalmente, hagan lo propio con el consumidor final. "Lo que está claro es que solo hay dos cosas inevitables: la muerte y los impuestos. En definitiva, que la tasa se va a tener que pagar sí o sí, y que al Estado le da igual en quien repercuta realmente mientras termine ingresando su dinero", confiesa con sorna un analista económico.
