El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha confirmado como procedente el despido del exdirector financiero de Dia, Antonio Arnanz.

Además, ha desestimado sus alegaciones, que apuntaban a la existencia de una "trama" en el seno de la compañía para levantar "una cortina de humo" sobre las irregularidades cometidas en la empresa y utilizarlo como "cabeza de turco".

El fallo, al que ha tenido acceso Efeagro, rechaza todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Arnanz, que pedía revisar su caso aduciendo que el consejo de administración de Dia entre 2016 y 2018 fue "el verdadero autor y responsable de la situación de la compañía".

El exdirector financiero defendió a través de su abogado que el objetivo de esta maniobra por parte del consejo pasaba por echar las culpas a la alta dirección -a la que pertenecía- y conseguir así "eludir la responsabilidad frente a los accionistas y franquiciados" sobre el maquillaje de las cuentas realizado en la cadena para evitar que reflejaran el empeoramiento del negocio.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

"La línea de la defensa se centra en sostener que otros implicados directamente en los hechos no han sido despedidos por la empresa, que por el contrario sí ha extinguido el contrato de (otros empleados) no partícipes", explica la sentencia del TSJ de Madrid.

Su letrado incidió en que sin la "colaboración" de Arnanz en la investigación posterior "nunca se hubieran puesto de relieve las irregularidades" cometidas, las cuáles reflejan en su opinión "una trama de ocultación del consejo de Dia para evitar conflictos de intereses" con accionistas, franquiciados e incluso con el magnate ruso Mijaíl Fridman, hoy mayor accionista con el 76 % del capital.

Los hechos se remontan a 2018, cuando se detectaron elementos "atípicos" que obligaron a empeorar sustancialmente las previsiones económicas de la cadena de supermercados para el cierre de aquel ejercicio, lo que dio lugar a una investigación que corroboró la existencia de toda una serie de irregularidades contables.

Estas irregularidades son objeto de otro procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, que ya propuso abrir juicio oral contra la cúpula directiva de la empresa, con Arnanz entre los imputados junto a Ricardo Currás, exconsejero delegado de la firma y al que la investigación apunta como cabecilla.

La Audiencia también opta por excluir del caso a los miembros del consejo de administración y a los auditores de KPMG por interpretar que no eran conocedores de las maniobras ideadas por Currás para maquillar los datos; el procedimiento sigue pendiente a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por las partes.

RECHAZO A LA INDEMNIZACIÓN

El exdirector financiero del grupo Dia entre 2010 y 2019 también ha visto como la Sala rechazaba su petición de ser indemnizado con 345.800 euros -el equivalente a doce mensualidades de su salario- por "daños y perjuicios de padecer trastorno psicológico ansioso-depresivo como consecuencia de la pérdida injustificada y abusiva de su puesto de trabajo, lesiones físicas padecidas por el estrés y daño moral a familiares directos".

El despido de Arnanz fue considerado procedente en primera instancia por el Juzgado de lo Social, pero el primer recurso presentado por el directivo fue aceptado por el TSJ en agosto de 2020, al considerar que se cometió un "error procesal" por no entrar a analizar su posible nulidad.

El mismo Juzgado volvió a fallar que su despido no fue ni nulo ni improcedente, y ahora el TSJ sí que corrobora su dictamen.

Este tribunal justifica su postura al calificar como probado que Arnanz era "conocedor" de varias de las irregularidades detectadas, como la contabilización de previsiones de ingresos no justificados, la eliminación injustificada de provisiones de facturas pendientes de recibir de proveedores y la no contabilización de un "bonus" para mejorar artificialmente las cuentas de 2017.

Además, precisa que ese "maquillaje financiero" se llevaba a cabo "en su departamento, siguiendo instrucciones directas suyas" y de Currás. Según el informe forense de EY, la operativa permitió ocultar 56 millones de euros de deterioro patrimonial y provocó una crisis que en su momento colocó a la firma al borde de la quiebra.