La OCU ha vuelto a hacer un llamamiento para que se hagan públicos los resultados de las inspecciones alimentarias. La Organización de Consumidores afirma que desde 2012 ha descendido el número de inspecciones al mismo tiempo que ha aumentado el número de incumplimientos. Pone de ejemplo a varios países en los que es posible conocer la fecha y el resultado de las ultimas inspecciones antes de visitar una tienda o un restaurante.

La OCU recuerda que diferentes administraciones tienen la obligación de inspeccionar todos los centros por donde pasan los alimentos (granjas, mataderos, puertos, almacenes, tiendas y bares) y, a pesar de esta obligación, apenas hay datos sobre el número de inspecciones y, "lo más importante, los consumidores no pueden conocer a día de hoy el resultado de las mismas".

En España, el reparto de competencias establece que son los Ministerios de Agricultura pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas quienes deben realizar estas inspecciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores. En 2016 se realizaron 593.000 inspecciones en establecimientos alimentarios, una tarea a la que se dedican alrededor de 6.000 funcionarios de distintas administraciones.

A pesar de estas cifras, la OCU denuncia que el número de inspecciones ha descendido desde 2012, cuando la ratio era de 1,02 inspecciones por establecimiento, hasta las 0,74 del año 2016, último del que se disponen cifras. Por el contrario, a la par que ha disminuido el número de inspecciones, ha aumentado el número de incumplimientos: ha pasado del 18,7% al 24,6%. "Esto supone que en uno de cada cuatro establecimientos alimentarios inspeccionados se detecta un incumplimiento de la normativa", dice la OCU.

La organización denuncia que en la actualidad resulta imposible para los consumidores conocer los resultados de las inspecciones. Mas allá de la publicación anual de datos agregados por parte de la Aecosan, "que no permiten conocer y comparar el trabajo que desarrollan las Comunidades Autónomas y no hay forma de conocer qué empresas han sido sancionados y los motivos".

Para acabar con "esta opacidad", la OCU pide al nuevo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que cambie la normativa para que los resultados de las inspecciones sean públicos y que sea obligatoria su publicación al menos en los que se refiere a los establecimientos que venden comida al público (supermercados, bares, restaurantes) como forma de garantizar que los consumidores puedan conocer el estado higiénico y el grado de cumplimiento de la normativa de los establecimientos que visitan.

La OCU recuerda que esta medida ya se aplica en países como Francia, Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Eslovaquia o ciudades como Nueva York, donde los consumidores pueden saber a la hora de elegir un restaurante o acudir a un supermercado si este ha superado de forma positiva los controles sanitarios o, por el contrario, ha obtenido una mala calificación, "algo que en España resulta imposible".