El acuerdo al que el Gobierno de Francia ha llegado con el sector de la distribución para crear una cesta de productos antiinflación que podrá ser configurada libremente, se está notando ya en nuestro país, en concreto en el País Vasco que hace frontera con este país vecino. En concreto, el tope de precios en Francia hace que la compra sea el 22,5% más barata que en Guipúzcoa, señala El Diario Vasco.

Según ha podido comprobar este medio, la misma lista de la compra en el mismo súper de una cadena es 10 euros más cara en el lado español que en Hendaya, después de que Francia haya congelado los precios de los alimentos.

Esos productos de las tiendas francesas tienen "el precio más bajo posible" a costa de los márgenes de la distribución, no de los agricultores ni de los industriales, lo que supondrá un costo global de "varios cientos de millones de euros" durante el trimestre que estará en vigor esta cesta antiinflación, según explicaba recientemente el ministro de Economía, Bruno Le Maire, junto a los responsables de las empresas implicadas.

Cadenas como Carrefour e Intermarché han ya en marcha este plan en sus establecimientos franceses con cestas de 200 y 500 productos, respectivamente, con precios congelados.

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

A la vista de este ejemplo, en España, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que el sector dé también este paso que no solo "es posible" sino "completamente legal". 

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también espera que las multinacionales de la distribución francesa con presencia en España que han anunciado esas cestas de compra antiinflación extiendan esta medida también a los ciudadanos españoles.

La distribución parece que no tiene tan claro que esta medida pueda funcionar ya que considera que, como ya ocurrió cuando gobernaba Nicolás Sarkozy, esas 'congelaciones de precios' se hicieron a costa de bajar la calidad de los productos. Además, afirman que sería una iniciativa "discriminatoria" porque no llegará ni a todos los distribuidores ni a todos los consumidores, como podría ser el caso de los hogares que se encuentren en el medio rural y que no dispongan cerca de una gran empresa de distribución.

Cabe recordar, que en España, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió el 0,9% en febrero en relación al mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el 6%, por el encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los alimentos, que dispararon sus precios el 16,6% respecto a febrero de 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

A este respecto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que el Gobierno de España es "perfectamente consciente" de que la subida de los precios es una situación que preocupa a las familias y a los ciudadanos y, por ello, ha subrayado que se hará cuanto esté en la mano del Ejecutivo para "controlar" esta situación.