La Unión Europea ha dado un toque importante a España por una alerta sanitaria relacionada con la venta de atún adulterado y ha pedido al Gobierno español que aclare "urgentemente" lo sucedido y las medidas que está llevando a cabo. Hablamos de, al menos, más de 250 personas intoxicadas desde 2015 dentro y fuera de España, de las cuales 171 casos se han producido este año.
El fraude ha consistido en modificar el aspecto del pescado, destinado inicialmente a la industria conservera, para presentarlo a los clientes como un producto fresco. ¿Cómo? Al parecer el atún no ha sido conservado como mandan las normas actuales y se le ha inyectado extractos de remolacha u otros vegetales que ayudan a cambiar el color del pescado para darle un rojo intenso que da sensación de fresco.
Como detalla el diario El País, el atún rojo (Thunnus thynnus) cada vez es más demandado para hacer sushi y platos preparados, a la venta en pescaderías y supermercados. Su alto precio ha motivado el fraude, que podría haber afectado a unas 25.000 toneladas de atún cada año. Según calcula la Comisión Europea, las ganancias por este engaño podrían haber alcanzado los 200 millones de euros.
La UE avisó a España del fraude en octubre del año pasado tras recibir dos alertas por intoxicación en Italia y Francia con atún vendido por una empresa española. Eran casos de escombroidosis, que provoca urticarias, vómitos y diarrea debido a que el pescado contiene niveles altos de histamina.
La semana pasada, ya os informamos en FoodRetail sobre una operación llevada a cabo por la Guardia Civil contra una empresa almeriense que ha distribuido atún en mal estado intoxicando desde mayo a más de 100 personas en España. Los lotes fueron retirados y hay siete personas investigadas.
Auditoría en octubre
Desde Bruselas se ha señalado a España que en este próximo mes de octubre se realizará una auditoria en nuestro país para evaluar la efectividad de los controles y las propias medidas correctivas y coercitivas que se han adoptado. La UE ha comentado que, a falta de una respuesta por parte del Gobierno español, está considerando medidas para detener la circulación de estos productos en el mercado comunitario, que podrían incluir la prohibición de los productos de atún fresco procedentes de los establecimientos en los que se ha confirmado el fraude.
Ante este caso, la OCU ha emitido un comunicado pidiendo a las autoridades que aclaren lo ocurrido y comprueben si realmente se ha incurrido "en prácticas engañosas en la venta de atún fresco, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones en nuestro país". De ser así, la OCU insta a que se adopten las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de práctica que pueda confundir al consumidor y a que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. En este sentido, la OCU reclama la imposición de sanciones a los responsables de cualquier fraude alimentario y que se refuerce la transparencia a través de la publicación de los nombres de los elaboradores, importadores y establecimientos implicados.
