El Gobierno impondrá multas de hasta un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria (agricultores, industria y distribución) que cometa prácticas abusivas en el sector alimentario.

Así se recoge en el anteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobado en Consejo de Ministros, con dos objetivos principales: por un lado, conseguir un sector agroalimentario más competitivo y con capacidad de traslación de costos a los precios finales y, por otro, reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena alimentaria.

Miguel Arias Cañete, titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, justificó la necesidad de la nueva ley –que espera sea aprobada en un “plazo razonablemente corto”–, en el desequilibrio que existe en las relaciones comerciales entre los distintos operadores. "Tenemos una fuerte concentración de la distribución, un sector industrial de dimensión pequeña y 989.000 productores, integrados en cooperativas de escasa dimensión”, explicó.

El proyecto establece la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios (identificación de las partes, objeto, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, duración y causas y efectos de la extinción). También prohíbe determinadas prácticas comerciales, como modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos; y regula otras, como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas.

Junto a esta regulación, establece un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos. Además, fomenta la autorregulación, ya que los operadores podrán suscribir otros códigos de buenas prácticas mercantiles.

El árbitro en la materia será el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que sustituye al Observatorio de precios de los alimentos, con funciones de control administrativo del buen funcionamiento de la cadena, informar de la propuesta del Código de buenas prácticas y promover su adhesión entre los operadores de la cadena. El Ministerio de Agricultura tendrá potestad sancionadora cuando este organismo detecte alguna de las prácticas abusivas recogidas en la ley.

Según Arias Cañete, “si obligamos a que los precios sean por escrito, si el agricultor cuando entrega la mercancía conoce perfectamente el retorno que va a obtener, si no va a haber sorpresas por el camino, estamos garantizándole un precio objetivo justo”.