El absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales frentes de presión para el pequeño comercio alimentario. Según denuncia Aprode, la asociación profesional de detallistas de alimentación, las tasas en este segmento se mueven ya entre el 11% y el 14%, muy por encima del 6,6% que Randstad Research sitúa para el conjunto del sector servicios. La organización valora por ello de forma positiva la nueva estrategia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para vigilar las bajas reiteradas, al entender que puede aliviar uno de los problemas más desestabilizadores para las tiendas de proximidad.

La diferencia con las grandes cadenas no es menor. Mientras los grandes operadores cuentan con plantillas amplias y mayor capacidad de reorganización interna, una tienda con menos de diez empleados apenas tiene margen para absorber ausencias recurrentes. En ese contexto, una baja no supone solo un sobrecoste: puede comprometer la apertura del establecimiento, alterar turnos y obligar a sobredimensionar equipos para garantizar un servicio mínimo.

Ese es el argumento que pone sobre la mesa Aprode, que reclama que la negociación colectiva y la regulación laboral distingan con mayor claridad entre las grandes superficies y el comercio detallista. "No podemos seguir gestionando el pequeño comercio con las mismas métricas que las grandes superficies. Para un detallista, una baja recurrente no es solo un coste, es la imposibilidad de abrir el mostrador", defiende Antonio López Vaquero, presidente de la asociación.

La patronal del pequeño comercio respalda así la propuesta del Ministerio, construida a partir de las conclusiones de la AIReF sobre incapacidad temporal. "La reforma es fundamental para evitar la cronificación administrativa de las bajas", subraya su presidente.

El diagnóstico es claro: el gasto en bajas asciende a 16.500 millones de euros anuales y presenta una fuerte concentración, ya que el 25% de los trabajadores acumula el 55% de los procesos. La reforma plantea activar un seguimiento temprano sobre empleados con dos o más bajas al año, reforzar la coordinación entre administraciones y reducir las demoras derivadas de pruebas diagnósticas o revisiones pendientes.

El sector insiste en que muchas bajas se prolongan no por la gravedad del cuadro clínico, sino por ineficiencias administrativas que una pyme no puede soportar con la misma facilidad que una gran compañía.

Aprode añade a esa hoja de ruta varias demandas complementarias: mejorar la comunicación entre Seguridad Social y empresas para anticipar reincorporaciones, introducir incentivos fiscales para cubrir ausencias prolongadas y desarrollar programas específicos de salud laboral para las patologías más frecuentes en el sector. En un negocio de márgenes estrechos y fuerte dependencia del factor humano, el absentismo es un lastre para la competitividad.