Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca, las principales patronales del comercio de panadería, carnicería y pescadería, han solicitado al Gobierno una moratoria de dos años en la entrada en vigor de VeriFactu, el nuevo sistema de control electrónico fiscal que obligará a sociedades y autónomos a utilizar programas de facturación certificados y a remitir sus datos directamente a la Agencia Tributaria.

Las tres patronales del sector consideran que la entrada en vigor del modelo, prevista entre enero y julio de 2026, compromete la continuidad de miles de pequeños establecimientos que no tienen la capacidad económica y humana para cumplir con la estricta regulación propuesta.

En un comunicado conjunto, las organizaciones empresariales subrayan que se trata de sectores "formados mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos y económicos muy limitados", para los que la adaptación inmediata "puede poner en riesgo su viabilidad". Las asociaciones alertan de que la puesta en marcha del sistema exige inversiones en software, hardware y formación que no todos los negocios pueden asumir en los plazos contemplados.

"Identificamos varios obstáculos para la adaptación", exponen, entre ellos "la carencia de conocimiento técnico y legal, los elevados costes y la falta de soporte y ayudas". La petición, insisten, no implica un rechazo a la norma, sino la demanda de "un plazo razonable" que permita una transición ordenada sin comprometer la estabilidad financiera de los comercios de proximidad.

Las patronales citan precedentes como el del País Vasco, donde la implantación de TicketBAI —un mecanismo con finalidades equivalentes— contempló excepciones y flexibilidades. En ese territorio, por ejemplo, los autónomos mayores de 60 años sin trabajadores a su cargo quedaron exentos de la obligación. Una referencia que, según Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca, debería servir de guía para el despliegue de VeriFactu en el resto del país.

Entre las medidas que proponen figura una moratoria de dos años, exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años y mayor flexibilidad para colectivos vulnerables. También solicitan deducciones fiscales en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades que permitan amortiguar la inversión necesaria y premien a quienes adopten antes el nuevo sistema, así como ayudas para la adquisición de programas informáticos y servicios de apoyo técnico y formativo.

Las asociaciones reclaman igualmente que España adopte un "calendario paulatino" para la aplicación de la facturación electrónica, siguiendo el modelo de Francia, donde pymes y micropymes no estarán obligadas a emitir facturas electrónicas hasta septiembre de 2027. Según advierten, una transición escalonada es imprescindible para que el comercio de proximidad pueda abordar la digitalización sin poner en riesgo su continuidad.

La normativa llega en un momento especialmente delicado para el comercio tradicional, que pierde cuota de mercado de año en año frente a las cadenas de supermercados y no encuentra reemplazo generacional para los establecimientos que cierran por jubilación. Si en 2007 había en España 15.000 pescaderías, hoy su número apenas rebasa las 9.000, y situaciones similares viven las carnicerías y panaderías.