Retailers | Bruselas registra locales de empresas de reparto de comida por sospechas de monopolio

Sospecha que las empresas implicadas hayan cerrado presuntos acuerdos de no captación y hayan intercambiado información sensible desde el punto de vista comercial.

Repartidor de comida a domicilio
Repartidor de comida a domicilio

La Comisión Europea ha registrado este martes, en dos países de la UE, los locales de varias empresas de reparto de comida a domicilio y otros productos de consumo comprados por Internet, porque sospecha que han llevado a cabo prácticas de monopolio, prohibidas por la legislación comunitaria.

Los registros fueron realizados sin previo aviso por funcionarios de la Comisión y de las autoridades nacionales de cada uno de los dos países en los que el Ejecutivo comunitario investiga supuesta prácticas ilegales, aunque no precisaron de qué Estados miembros ni de qué empresas se trataba.

La investigación arrancó porque la Comisión Europea detectó supuestos repartos de las cuotas de mercado entre las compañías investigadas, motivo por el cual ya llevó a cabo inspecciones durante el año pasado.

Ahora, la investigación del Ejecutivo comunitario va un paso más allá, y Bruselas sospecha que las empresas implicadas hayan cerrado presuntos acuerdos de no captación y hayan intercambiado información sensible desde el punto de vista comercial, precisó en un comunicado.

VULNERACIÓN DE LA LEY

Bruselas teme que las compañías investigadas pueden haber infringido las normas antimonopolio de la Unión Europea (UE), que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas.

Las inspecciones de hoy son un paso preliminar en la investigación que lleva a cabo la Comisión Europea, aunque la propia institución aclaró que los registros no prejuzgan el resultado final de sus pesquisas, y que no implican que las empresas investigadas sean culpables de prácticas antimonopolio.

No existe un plazo legal para finalizar este tipo de investigaciones por sospechas de conductas contrarias a la competencia comercial, según apuntó Bruselas.

Las empresas que hayan participado en un cártel secreto pueden beneficiarse de la inmunidad frente a las multas o acogerse a una reducción de las sanciones impuestas a cambio de denunciar la conducta y de cooperar con la Comisión durante la investigación.

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