El servicio antifraude francés ha impuesto una multa de 33,5 millones de euros a Eurelec, la central de compras europea del grupo Leclerc, con base en Bruselas, en la que también participan el gigante alemán Rewe y la cadena de supermercados Ahold Delhaize, de Bélgica y Países Bajos, por puentear las reglas comerciales francesas, en concreto las fechas de negociación con sus proveedores.

La Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Represión de Fraudes (DGCCRF) ha justificado esta sanción porque Eurelec acumula 70 incumplimientos. Esto tiene que ver con el hecho de no haber firmado con sus proveedores franceses los acuerdos de suministro antes del 1 de marzo de 2025, que es la fecha límite que fija la legislación.

La DGCCRF insistió en que cuando una negociación comercial se refiere a productos destinados a ser comercializados en Francia, al margen del lugar en el que se firmen, tienen que respetar el código de comercio francés.

En concreto, se trata de la llamada ley Egalim de 2018, que pretende garantizar un equilibrio entre los actores, y en particular proteger a los agricultores, y que establece que las negociaciones deben realizarse entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo del año en curso.

En Francia, las centrales europeas de compras de los grupos de distribución, habitualmente instaladas en otros países, son regularmente acusadas de tratar de evitar así la normativa francesa. La misma Eurelec ya había recibido en 2024 una multa récord de 38 millones de euros por motivos similares y cuatro años antes otra sanción de 6,34 millones. 

EURELEC DEFIENDE SU POSTURA

Por su parte, Eurelec se ha defendido: "Las autoridades francesas han vuelto a imponer sanciones a Eurelec por continuar las negociaciones con algunos proveedores después de la fecha límite del 1 de marzo, una disposición formal exclusiva de la legislación francesa, asegura. La central recuerda que su reciente presencia ante el Senado francés, en el marco de la investigación parlamentaria sobre los márgenes de los fabricantes y la gran distribución, "demostró claramente la determinación de las autoridades públicas francesas de buscar la aplicación extraterritorial de su propia legislación nacional, en contradicción con la legislación de la UE y el recientemente adoptado Reglamento de Ejecución Transfronteriza, aprobado definitivamente esta semana en Bruselas". De este modo, afirma que seguirá "oponiéndose a esta estrategia nacional, en nombre de la protección del consumidor y del principio mismo del Mercado Único".

"Eurolec es una empresa con sede en Bruselas y solo se aplica la legislación belga a sus actividades y, en particular, a sus negociaciones con sus proveedores europeos. Esto ha sido recordado y confirmado por una sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas de febrero de 2024. Por lo tanto, las autoridades francesas no están facultadas para imponer sanciones administrativas contra Eurolec en sus fronteras", incide.