El retail alimentario ha expresado en la mañana del lunes su oposición rotunda a la gran apuesta legislativa de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que espera aprobar la reducción de la jornada de manera inmediata.
En una carta enviada a la ministra, Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Asedas -Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados-, ha manifestado la "firme oposición" del sector al Proyecto de Ley que prevé una reducción de la jornada laboral sin merma salarial, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo.
En la misiva, Duran i Lleida denuncia que el texto legal se ha presentado "como una iniciativa orientada a beneficiar sobre todo a los trabajadores del comercio y la distribución", proyectando "una imagen negativa y no justificada" del sector.
Según el expresidente de Unió Democràtica, el proyecto ignora el historial de amplias negociaciones colectivas en las que patronal y sindicatos "han acordado las mejores condiciones posibles para ambos en los convenios vigentes".
Desde Asedas, que agrupa al 75% del mercado de distribución alimentaria en España, se acusa al Ministerio de Trabajo de actuar prescindiendo del diálogo con los representantes empresariales.
"Nos ha impedido explicarte con detalle por qué la consideramos inadecuada y perjudicial", lamenta Duran i Lleida en su carta, que ha anticipado un movimiento de oposición: "Vamos a solicitar a todos los grupos parlamentarios en las Cortes que apoyen las enmiendas a la totalidad del proyecto".
Un sector con más de 340.000 trabajadores en nómina
La carta es también una defensa rotunda del papel económico y social del supermercado en España.
Las empresas vinculadas a Asedas, tanto grandes cadenas como más de 200 pymes con enseñas locales, dan empleo a más de 340.000 personas, recuerda Duran, subrayando el compromiso diario del sector "con el servicio público, la cercanía y la asequibilidad de los productos".
El presidente de la asociación resalta, además, que en España existe un ecosistema de distribución más diverso y competitivo que en la mayoría de países europeos. Un modelo que, según el sector, podría verse dañado si se imponen cambios regulatorios sin tener en cuenta las particularidades de su funcionamiento.
Entre ellas, los amplios horarios comerciales, la necesidad de adaptación a patrones de consumo variables y la flexibilidad operativa que ello requiere.
El trasfondo político y sindical
El enfrentamiento marca un nuevo capítulo en las tensiones entre la vicepresidencia de Trabajo y el tejido empresarial, particularmente el de gran consumo, donde los márgenes son estrechos y la necesidad de flexibilidad horaria es fundamental.
Aunque desde el Ministerio se ha defendido que la medida está basada en la evidencia internacional sobre productividad y bienestar, la resistencia de sectores clave como el comercio o la hostelería anticipa una tramitación parlamentaria algo más que incierta.
Por el momento, Díaz mantiene su hoja de ruta: reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2025 y voluntad de cumplir con los compromisos del acuerdo de Gobierno. Pero la advertencia de Asedas, que cuenta con el respaldo tácito de patronales más amplias y de varios grupos parlamentarios, sugiere que la gran distribución no está dispuesta a quedarse al margen del debate.
El tablero parlamentario, con mayoría precaria para el Ejecutivo, será a partir de ahora el campo de batalla en el que se decidirá si la reforma laboral sigue adelante.
Mientras tanto, supermercados y distribuidores solicitan, sobre todo, ser escuchados.
