Los supermercados valencianos reclaman exenciones fiscales a las ayudas para reactivar el comercio tras la dana

Los supermercados valencianos han reclamado este martes exenciones fiscales a las ayudas y otras medidas para reactivar el comercio tras la dana de finales de octubre, que ha causado daños por valor de unos 95 millones de euros en sus establecimientos.

De los 226 establecimientos que operan en la zona, 88 han resultado dañados y 39 registran la pérdida total de sus equipamientos, con daños de unos 95 millones, según han señalado desde la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

Ambas organizaciones han enviado una declaración que recoge sus demandas a los ministerios de Presidencia; Economía y Comercio; Hacienda; Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición Ecológica y Política Territorial; así como a las autoridades autonómicas. En un comunicado conjunto, Asucova y Asedas han hecho un llamamiento para que las cuatro administraciones del Estado (UE, estatal, autonómica y local) insistan en las medidas de atención preferente y urgente a los damnificados, incluyendo al comercio especializado: "Necesitamos al pequeño comercio, con el que compartimos las calles y las plazas de las ciudades, los pueblos y los barrios afectados. Nos unimos a sus representantes para reclamar ayudas directas y urgentes para que los pequeños empresarios puedan retomar su actividad lo antes posible", afirman.

En concreto, las empresas de supermercados han reclamado la exención de impuestos para las donaciones y las ayudas directas a las personas afectadas y al pequeño comercio, en relación con la situación actual que califican de "grave inseguridad jurídica": "Hasta el momento, no se ha aclarado por parte del Ministerio de Hacienda el régimen fiscal que va a ser de aplicación a las ayudas económicas o donaciones realizadas por las empresas a sus trabajadores o por los propios trabajadores a compañeros afectados. La petición es que dichas aportaciones no solo estén exentas del impuesto de donaciones, sino también del IRPF; en caso contrario, se podría dar la situación de que la ayuda fuera objeto de retención y de tributación, reduciendo de facto el volumen de la cuantía económica", argumentan.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

De cara al futuro, también han pedido la redacción de un protocolo de actuación ante situaciones de crisis que reconozca la esencialidad del sector de la distribución alimentaria y establezca medidas de coordinación entre administración y empresas.

Ese protocolo debe incluir, en su opinión, un "liderazgo de la comunicación" para evitar episodios de compra de acopio, que son "innecesarios, ineficientes e insolidarios", así como "la difusión de bulos y la utilización de la información con fines diferentes al servicio público".

En este marco, las empresas han querido expresar su rechazo "hacia ciertas críticas recibidas que muestran un profundo desconocimiento hacia nuestro sector, sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, y muestran una inquietante falta de empatía y sensibilidad hacia su labor social".