Walmart y otros establecimientos han recibido amenazas de saqueos en redes sociales, con mensajes que llaman a coordinar robos masivos coincidiendo con la interrupción de los pagos del SNAP.
El cierre del gobierno federal en EE.UU. y la suspensión del programa de asistencia SNAP han encendido todas las alarmas en el sector retail alimentario.
La policía de Nueva York ha intensificado la vigilancia en tiendas consideradas vulnerables, además de coordinar medidas preventivas junto a las cadenas afectadas. Los expertos advierten que, si las amenazas se materializan, el impacto podría ser severo: pérdidas económicas, tensiones logísticas, aumento de precios locales y deterioro de la percepción de seguridad en tienda.
Desde Walmart han asegurado que mantendrán sus operaciones con total normalidad y que colaborarán estrechamente con las autoridades para garantizar la seguridad de empleados y clientes. La cadena ha desmentido en las últimas horas los falsos rumores que circulan en redes sociales, como TikTok y Facebook, sobre un supuesto cierre de sus tiendas. Las fuerzas de seguridad están monitoreando las redes y han pedido reforzar la seguridad en tiendas y supermercados.
El cierre del gobierno federal ha generado frustación entre los beneficiarios del programa SNAP afectando aproximadamente a 42 millones de ciudadanos estadounidenses. Este parón podría retirar de circulación entre 8.000 y 9.000 millones de dólares mensuales en gasto alimentario.
Establecimiento adherido al programa SNAP.
De acuerdo con estimaciones de Supermarket News y Reuters, Walmart podría perder hasta 2.000 millones de dólares en ventas si la suspensión se prolonga, mientras que Kroger, Aldi, Dollar General y otras cadenas también sufrirían caídas notables en sus ingresos. Hay que señalar que los proveedores y fabricantes vinculados a productos de primera necesidad se enfrentan a un riesgo adicional por sobrestock y desajustes en la demanda.
La situación ha reavivado el debate sobre la dependencia estructural del retail alimentario estadounidense del gasto público y la necesidad de nuevas estrategias frente a crisis fiscales o políticas. Por ahora, el sector permanece en estado de alerta, entre la contención del pánico social y la preocupación por un posible desplome temporal del consumo básico.
