La entrada en vigor del modelo laboral impuesto por la ley rider ha provocado, según altos responsables del sector y repartidores consultados por Efeagro, una degradación del servicio de delivery: retrasos más frecuentes, zonas con menos cobertura y una mayor rigidez operativa que encarece el servicio sin garantizar su eficiencia.

Desde que Glovo anunciara en julio su reconversión a un modelo "100 % laboral", con más de 14.000 repartidores contratados directamente, la plataforma ha experimentado un reajuste que, sobre el terreno, se traduce en peores tiempos de entrega y en la retirada de servicios en zonas de menor demanda. Efeagro ha verificado que, en varios puntos de Madrid, se han detectado lo que repartidores y restaurantes llaman "desiertos de reparto": barrios donde la oferta de riders ha caído y los pedidos tardan más en completarse.

"El delivery funcionaba como un reloj; ahora es un sistema rígido, caro e ineficiente", ha denunciado recientemente Alejandro Hermo, CEO de Goiko y expresidente de Marcas de Restauración. Su diagnóstico apunta a la mayor complejidad operativa y a las dificultades de cuadrar plantillas fijas con las fluctuaciones de la demanda de delivery: "Hace imposible cubrir con 'riders' suficientes las horas pico, de modo que los restaurantes aparecen sin servicio disponible y los pedidos llegan tarde (si llegan)", resume.

Testimonios desde la calle

Óscar, repartidor de Glovo, confirma a Efeagro que algunos barrios de Madrid se han convertido en 'islas desiertas': "Nos piden que vayamos allí, pero depende de nosotros aceptar o no aumentar el kilometraje; ahora se hacen menos pedidos y se tarda más en completarlos porque tenemos que recorrer más distancia". Para muchos compañeros la transición ha sido "un desastre" —dicen— por la caída de ingresos en algunos casos; para otros, en cambio, la contratación ha supuesto seguridad y prestaciones.

El contraste dentro de la plantilla refleja la tensión del proceso: trabajadores que pierden flexibilidad y perciben menos ingresos frente a quienes valoran derechos laborales y cotización. Tras un verano "flojo", buena parte del colectivo espera a la recuperación de picos de actividad que permitan reactivar incentivos y mejorar las cuentas.

Reajustes en el delivery

Un portavoz de Glovo admite que "dada la magnitud y complejidad del cambio, se están produciendo alteraciones del servicio en algunos momentos del día", y asegura que la compañía trabaja para "resolver esas incidencias y ofrecer la mejor experiencia posible". La empresa recuerda además que la nueva estructura pretende "estabilizar" el reparto a largo plazo, aunque el ajuste esté siendo, hasta el momento, problemático en determinadas áreas geográficas.

En el sector, las estrategias difieren. Just Eat España —con cerca de 3.000 empleados y un convenio vigente— subraya que operar con plantilla supone más costes y mayor complejidad a la hora de planificar, pero permite prever demanda y dimensionar recursos para evitar roturas de servicio. Uber Eats, por su parte, ha declinado hacer comentarios sobre su modelo híbrido, que sigue sujeto a inspecciones y procesos en varios países.

Los derechos de los riders, en el centro del debate

A pesar de los avances en materia de derechos, los sindicatos denuncian que aún queda trabajo por hacer: advierten del uso de flotas externas —algunas en régimen de exclusividad—, conflictos en el pago de nóminas y horas extra, jornadas que califican de "indignas" y despidos. Nuria Soto, portavoz de Riders x Derechos, reconoce mejoras en condiciones para quienes han pasado a contrato pero reclama un rediseño del modelo: "Las empresas deben asumir el tiempo de espera como tiempo de trabajo" y contemplar costes estructurales que hasta ahora no se pagaban.

Comisiones Obreras, que acaba de pactar con Glovo en Navarra una mejora de condiciones, advierte de que "quizá el caos interno provoca caos externo", y pide transparencia y un compromiso real con la laboralización directa. UGT, por su parte, considera que la empresa "va arrastrando los pies" en la reconversión y alerta de que el ruido generado está dañando a restaurantes y clientes; su coordenador para plataformas digitales, Fernando García, subraya que la clave será "ver si el sector es capaz de organizarse dentro de la ley".

Un cambio regulatorio con impacto europeo

La ley rider, vigente en España desde 2021 y fuente de inspiración para la directiva europea de plataformas de 2024, prohibió los falsos autónomos y obligó a las plataformas a convertir en asalariados a buena parte de sus plantillas. La norma buscaba garantizar derechos laborales, pero su implementación práctica está obligando al sector a repensar modelos operativos y de costes.

El reparto a domicilio supone, según datos de Circana, alrededor del 7% del gasto en restauración, un canal que sufrió un ligero ajuste en 2024 ante la complejidad de captar ocasiones de consumo que antes gestionaba el reparto tradicional por teléfono. El desafío ahora es lograr que la estabilidad laboral no se pague con una pérdida de capacidad operativa: que la industria aprenda a planificar capacidad —en plantilla o mediante flotas externas profesionales— y que los costes se integren sin sacrificar la experiencia del cliente.