El número total de repartidores de plataforma digitales sujetos a un contrato laboral se ha duplicado en el primer año de aplicación de la llamada ley rider, pasando de 5.464 en mayo de 2021 a 10.980 en agosto de 2022, según un informe del centro académico Esade elaborado en colaboración con Just Eat.

El documento, presentado este jueves, lo ha elaborado concretamente el Foro de Humanismo Tecnológico de Esade y recoge datos de fuentes oficiales y de otras entidades para ofrecer una comparativa entre los derechos y retribuciones que reciben las personas que se encuadran dentro del modelo laboral frente al modelo del falso autónomo.

La mayoría de los nuevos trabajadores son de carácter indefinido y el incremento de este tipo de contratos ha sido superior al 167 % en el período mayo 2021-agosto 2022, pasando de representar de un 73,42 % a un 97,78 % sobre el total de los trabajadores con contrato laboral del sector, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social que recoge el informe. Por contra, los contratos temporales han caído más de un 83 % en el periodo analizado.

El informe no detalla cuántos contratos se han firmado directamente con las empresas de reparto y cuántos se han subcontratado a terceras empresas porque el Ministerio de Trabajo no los desagrega, ha explicado el director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade y autor del estudio, José María Lassalle, durante el acto de presentación del documento.

Al respecto, el director general de Just Eat España, Patrik Bergareche, ha especificado que más del 50 % de las operaciones de su empresa se llevan a cabo con empleados contratados directamente por la compañía, que en número alcanzarían los 2.000 repartidores.

La ley es en realidad una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que entró en vigor en agosto de 2021 y que recoge la "presunción de laboralidad" en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.

Esto significa que la normativa entiende que los repartidores autónomos, como personas que prestan servicios retribuidos a una empresa bajo control y subordinación de la misma, son en realidad personal con relación laboral con esa corporación y no trabajadores autónomos, figura en la que se desempeñaban muchos de ellos.

Las principales plataformas digitales de reparto de comida a domicilio respondieron de diferente manera a esta regulación: Just Eat mostró su respaldo, Glovo dijo que mantendría al 80 % de sus repartidores como autónomos, Ubereats se ajustó primero a la nueva ley pero meses después volvió a ofrecer a los repartidores la opción de ser autónomos y Deliveroo dejó de operar en España.

Según el informe, la facturación del sector del reparto a domicilio aumentó y registró en 2021 unos ingresos de 2.600 millones de euros, un 80 % por encima de la cifra obtenida dos años antes, según datos de NPD Group recogidas en el documento.

"Por ello y según las previsiones, la ley rider no habría tenido ningún impacto negativo en términos de facturación" de las empresas del sector, según han informado los responsables del estudio.

No obstante, mientras haya operadores que sigan funcionando con un modelo de repartidores autónomos, las empresas que se ajustan a la ley sufrirán una desventaja competitiva, ha declarado Bergareche, debido al ahorro que supone disponer de trabajadores sin los derechos y beneficios que otorgan los contratos laborales.

En ese sentido, el informe señala que es necesario reforzar la inspección del trabajo y la implementación de los mecanismos de cumplimiento de la ley para evitar situaciones de posible competencia desleal.

MÁS INGRESOS PÚBLICOS

La ley rider ha supuesto también un aumento de ingresos de las arcas de la Seguridad Social, a través del incremento de las cotizaciones empresariales, según se desprende de los datos que compila el informe.

Así, tomando como referencia una base de cotización de 1.000 euros al mes, y teniendo en cuenta el aumento del número de asalariados en el sector del reparto a domicilio para plataformas digitales, la Seguridad Social habría obtenido ingresos adicionales en concepto de cotizaciones empresariales por un valor de más de 4,7 millones de euros, señala el documento.

El informe indica que la aplicación de la ley ha mejorado las condiciones legales y económicas de los repartidores y pone como ejemplo el caso de Just Eat, donde los trabajadores contratados tienen un salario garantizado de 15.200 euros al año, por encima del Salario Medio Interprofesional (SMI).

Además, indica que se benefician de derechos como el desempleo, el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, la indemnización por despido, la cobertura frente a bajas, las vacaciones pagada, medidas de seguridad y formación, y de otros derechos que no tienen los que se emplean como "falsos autónomos".

"La creación de un marco de seguridad jurídica refuerza las posibilidades de expansión. El sector sigue mejorando sus perspectivas de crecimiento y no se ha perjudicado a los trabajadores, sino todo lo contrario", ha dicho Lassalle.