La inflación alimentaria podría intensificarse en los próximos meses a causa de la guerra y obligar a replantear algunas de las medidas fiscales relacionadas con la cesta de la compra. Así lo sostiene el experto y consultor de gran consumo José Antonio Latre, que sugiere la eliminación temporal del IVA sobre los alimentos frescos como forma de amortiguar el impacto sobre los consumidores y sobre el propio sector.
Latre argumenta que los datos más recientes ya apuntan a una presión significativa en esta categoría. Según el IPC de febrero de 2026, los alimentos frescos o sin elaborar registraban tasas de crecimiento cercanas al 6,5%, muy por encima de la inflación general. Estos productos representan además un peso relevante en la cesta del IPC: aproximadamente el 39% del gasto en alimentación, frente al 61% correspondiente a los productos elaborados.
A su juicio, la situación podría agravarse en los próximos meses debido al encarecimiento de los costes energéticos y de materias primas derivado de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo. "La inflación de la cesta de la compra se va a acelerar sin duda", sostiene el consultor, que advierte de que el sector de los frescos afronta además presiones estructurales.
En particular, señala que la producción agropecuaria y el sector minorista tradicional soportan un aumento continuado de costes vinculado a un "cúmulo de medidas laborales, fiscales y regulatorias" que han reducido los márgenes de la cadena. En ese contexto, una reducción temporal de la carga fiscal permitiría aliviar tanto a los productores como a los consumidores.
El experto defiende que la eliminación del IVA debería aplicarse de forma amplia dentro de la categoría de frescos, incluyendo carne y pescado, que concentran cerca del 40% del gasto en este tipo de productos. También propone incorporar algunos alimentos básicos adicionales, como aceites o lácteos, para ampliar el impacto de la medida.
Desde el punto de vista social, Latre subraya que la iniciativa beneficiaría especialmente a los hogares con renta más baja, que destinan una proporción mayor de su presupuesto a la compra de alimentos. "Las rentas bajas gastan proporcionalmente más en alimentación que las altas", recuerda.
El consultor plantea además complementar esta medida con otras actuaciones orientadas a la cadena productiva, como la bonificación del gasóleo profesional utilizado por transportistas o del gasóleo agrícola, evitando en cambio recurrir a subvenciones directas al consumidor.
La pasada semana, Juan Roig sugirió una bajada similar del IVA, que fue rechazada públicamente por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el argumento de que "no haría más que ensanchar los márgenes empresariales".
En cualquier caso, Latre advierte de que este tipo de políticas solo permitirían mitigar, pero no evitar, una nueva subida de los precios alimentarios si se consolida el encarecimiento de la energía. "El aumento del precio del gas o del petróleo es, en última instancia, una transferencia de riqueza de los países consumidores a los productores", concluye.