Las patronales de la distribución convocadas este lunes por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz han considerado que la propuesta de poner límites al precio de alimentos básicos puede distorsionar el mercado y, en su lugar, han pedido bajar impuestos, así como "no demonizar al sector".

Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido hoy los responsables de las patronales Anged, Asedas y ACES, y con diferentes organizaciones de consumidores para debatir medidas que ayuden a contener la inflación en alimentación.

El director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, ha asegurado que el análisis realizado por la vicepresidenta del Gobierno sobre un problema de márgenes de beneficio "no tiene la base científica suficiente", como tampoco es "buena" la idea de elaborar una cesta básica común porque "no es coherente con la estructura de la distribución comercial española".

"El mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras, sino que hay que implicar a cien cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco", ha apuntado García Magarzo.

En su opinión, la propuesta de Díaz de limitar los precios de ciertos alimentos no es "útil" para solucionar los problemas de inflación, derivados de la "presión gravísima" de los precios de materias primas, por lo que -en cambio- es preferible bajar impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o abaratar el coste de la energía.

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Javier Millán-Astray, ha lamentado que se estén "arrojando sombras sobre el comportamiento de la distribución, que está siendo responsable", después de que los precios en ese sector hayan crecido en el último año en torno al 7 %, por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC) general y del crecimiento del 12,6 % en la industria.

Millán-Astray ha asegurado que están realizando un "esfuerzo extraordinario" para no trasladar a los consumidores todos los costes de los diferentes eslabones de la cadena, incluidos los mayores precios de la energía, los cereales, los fertilizantes o los envases.

"Si se intenta fijar una cesta de la compra, se están distorsionando las relaciones de las empresas de distribución con sus proveedores", ha enfatizado el responsable de Anged, contrario a modificar el libre funcionamiento del mercado, lo cual crea "ineficacias en los precios".

Ha coincidido en la necesidad de bajar el IVA y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); de evitar medidas legislativas que incrementen los costes de las empresas, como el impuesto al plástico o la normativa sobre residuos; y de aplicar en la distribución bonificaciones similares a las que tienen los sectores de la industria electrointensiva.

El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) ha apuntado que "el marco legal no contempla la posibilidad de llegar a acuerdos entre las empresas sobre ningún tipo de cuestión que limite o altere la competencia".

Ha considerado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social -cartera de Yolanda Díaz- no es el foro donde deberían abordarse estas cuestiones de la distribución, sector que tiene "un marco jurídico muy limitativo con la ley de la cadena alimentaria", que obliga a garantizar a los proveedores el cumplimiento de los costes de producción.

"Cada consumidor puede encontrar la cesta que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo con la política comercial de cada empresa", ha subrayado Del Pino, que ha insistido en la gran competencia que existe en la distribución, que también está sufriendo las consecuencias de la inflación en materia energética, de materias primas y de costes regulatorios.