La Fiscalía Provincial de Valladolid ha presentado una denuncia contra la ex mujer y una hija del fundador del Grupo Pesquera, Alejandro Fernández, por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y público, administración desleal y de tipo societario, en relación a una operación que perpetraron en tanto maniobraban para echarle de la administración de las bodegas, informa Europa Press.
Fuentes jurídicas consultadas han señalado que la guerra en la familia de Pesquera tiene relación con la separación de hecho del matrimonio, hace ahora dos años. Él cuenta con el apoyo de una de sus cuatro hijas y ella, con el de las otras tres. Juntas sumaban más participación en la empresa familiar, ventaja que utilizaron para desplazar a ambos en los consejos de administración.
"Derivado de la ruptura matrimonial, aún no formalizada, las denunciadas han pretendido apartar a Alejandro Fernández de la totalidad de la gestión y tanto de las empresas como de las bodegas, lo que se ha realizado a través de distintos acuerdos sociales en las mercantiles, incluyendo el no reparto de los beneficios de tales sociedades que habitualmente se realizaba", explica el escrito de la Fiscalía.
CESADO COMO ADMINISTRADOR
Asimismo, precisa que el 5 de marzo de 2018 se celebró una Junta Extraordinaria en la empresa en la que, con oposición de Fernández, se transformó la administración que existía por un sistema mancomunado que integrarían el matrimonio y dos de las hijas y que establecía como "suficientes" las firmas de dos de estos administradores para emprender nuevos cambios.
Con ambas firmas, en junta ordinaria del 23 de julio de 2018, Alejandro Fernández fue cesado como administrador mancomunado de Tinto Pesquera, "se denegó el acceso a las cuentas totales de la compañía y se acordó el destino de los beneficios de la sociedad, 4,4 millones de euros, a reservas voluntarias y no a dividendos", como él solicitaba.
Un mes después se celebró también junta de la sociedad Condado de Haza, que pertenece al grupo, y en ella se acordó el cese de Fernández y de la hija que le apoya, Eva Fernández Rivera, como miembros del consejo de administración. Los beneficios tampoco se repartieron, 978.028 euros que de acuerdo al escrito de la fiscal, se destinaron íntegros a reservas voluntarias.
UN "CONTRATO SIMULADO"
Ante esta situación, Alejandro Fernández, que seguía siendo propietario de las tierras y edificaciones del Grupo Pesquera y ostentaba la tarjeta de viticultor imprescindible para obtener la Denominación de Origen Ribera del Duero, decidió recoger la cosecha de 2018 y, si no se la compraba Pesquera, venderla a otras dos empresas, según las fuentes jurídicas consultadas.
Cuando ya había comenzado a vendimiar, la exmujer de Fernández esgrimió la existencia de un contrato que en febrero de aquel año habría suscrito con su hija Olga y por el que le arrendaba "la totalidad de las fincas" de cultivo, de las que es propietaria en gananciales, por un periodo de diez años a "un exiguo precio" de 130.344,8 euros.
La denuncia original afirma que el contrato es falso y está manipulado, puesto que la fecha que consta no se corresponde con la de los documentos públicos que lo acompañan y que habrían sido expedidos en meses posteriores.
La Fiscalía sostiene que es "un contrato simulado con el fin de construir un instrumento jurídico que excluyera la Tarjeta de Viticultor de Alejandro Fernández, con el fin de conseguir otra a nombre de Olga Fernández Rivera que permitiera recoger la cosecha del año 2018 y su comercialización en las bodegas del Grupo Pesquera bajo la Denominación de Origen Ribera del Duero".
El escrito indica que además, se firmó "a sabiendas de que Emilia Rivera, como partícipe de una sociedad de gananciales suspendida por la separación de hecho, no podía suscribir un contrato de arrendamiento de inmuebles por 10 años, por el exiguo precio pactado y con exclusión jurídica, física y económica de Alejandro Fernández".
