En España, nuestro Sistema Alimentario es un modelo de eficiencia y de competitividad, no sólo entre los distintos operadores de esta, sino también de cara al consumidor que es además lo esencial, obteniendo el mejor producto, con el mayor valor añadido y al mejor precio.  

España es sin lugar a duda, uno de los pilares de la industria agroalimentaria europea y mundial, con una facturación que supera los 139.000 millones de euros de cifra de negocio (2,7% del PIB) y un empleo cercano a las 450.000 personas, posicionándose en la décima posición a nivel mundial - datos del ICEX-, siendo en nuestro país un sector esencial de la economía y la marca España en alimentación es un sello de calidad reconocido internacionalmente.

El sector primario agrícola, pesquero y ganadero con el que me siento especialmente identificado, es un ejemplo de lucha constante, a pesar de la carente visión estratégica de nuestros gobernantes durante décadas y saliendo adelante por el esfuerzo de empresarios valientes que hacen grande a nuestro país por el origen de sus productos.

Y nuestra distribución es además un ejemplo de fortaleza y sinónimo de eficiencia y responsabilidad social empresarial, con recorrido de integración sí, pero con operadores regionales que nada tienen que envidiar a las grandes multinacionales que también operan en nuestro país, lo que garantizan al consumidor un gran servicio y unos precios de los más competitivos de nuestro entorno europeo.

Las asociaciones agrarias y las sectoriales (FIAB, Asedas, Anged o ACES…) son también reflejo de la importancia para nuestra economía de un Sistema Alimentario de los más eficientes en Europa.

Pero el ser eficiente ha provocado que se propongan medidas que pretenden reducir los beneficios empresariales en nuestro Sistema Alimentario: por ejemplo, la fijación de topes en los precios o la creación de nuevos impuestos que graven a la Industria o a la Distribución, a aquellas empresas que han destacado por excelencia empresarial con unos beneficios y cuota de mercado considerables, como si se quisiera penalizar el éxito en la gestión.

Ante esto, nos podemos hacer muchas preguntas que iremos respondiendo en este blog, ¿es legal fijar topes en precios que atentan contra la normativa europea que prohíbe acordar precios y puede llevar a las empresas a incumplir la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria?, ¿es factible acordar algo así o detrás de estas propuestas está el pretendido impuesto a la industria y a la distribución que acaba repercutiendo en todo el sistema alimentario?, ¿el consumidor realmente va a ser beneficiado?, ¿cómo van a afectar estas medidas a las empresas y a la destrucción de empleo?, ¿se resentirá nuestra cadena alimentaria con estas medidas en caso de llevarse a cabo?, ¿lo siguiente será una Ley de Precios justos en nuestro país que permita controlar los precios?, ¿qué otras medidas pueden estar en la hoja de ruta?, ¿por qué no se opta por medidas como la bajada de impuestos que gravan el consumo de alimentos (IVA) como han propuesto algunas asociaciones -Aecoc o Asedas-?

En este sentido sólo quiero mencionar desde el punto de vista legal, que la UE cuenta con normas estrictas para la protección de la libre competencia que prohíben determinadas prácticas, como es el caso de los acuerdos para la fijación de precios.  Por este motivo, cualquier acuerdo en materia de precios debe respetar la normativa comunitaria y garantizar la "no restricción de la competencia". Si tenemos en cuenta la recientemente aprobada Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la prohibición de la venta a pérdidas podría entrar en contradicción con un hipotético acuerdo de topes de precios que necesitara asumir el encarecimiento de los costes por parte de los operadores afectados.

Estamos de acuerdo en que el consumidor necesita medidas consensuadas, sí, pero además eficientes. Cuando la situación económica y el entorno atraviesan un periodo inflacionista que hará tambalear previsiblemente nuestra economía en los próximos años, la búsqueda de responsables no debe ser dirigir la mirada hacia aquellos que hayan realizado bien su trabajo, no pueden pagar las ineficiencias de otros las empresas eficientes. Mas allá de discursos populistas y fáciles basados en el bien común, carentes de argumentación técnica y empírica, que pretenden enfrentar al consumidor con quién ha sido su defensor y garante de la competitividad, debemos trabajar en conjunto para intentar atajar las causas del encarecimiento de los costes y dar herramientas a las compañías para seguir creciendo y generando empleo.

Las organizaciones empresariales sectoriales y el apoyo de Aecoc es esencial en estos momentos, están llamados a jugar un papel clave para no perder ni la eficiencia ni la competitividad de nuestro Sistema Alimentario, y no sólo por el bien de nuestras empresas sino por lo que es principal, por el bien del consumidor.

Estoy convencido que la gran distribución seguirá esforzándose por ofrecer a los consumidores una cesta básica con precios bajos y que permitan a las familias hacer frente a esta crisis, no bajo acuerdos que vayan en contra de la legislación actual sino por la propia autorregulación de un Sistema Alimentario competitivo y muy adaptado al entorno y demanda del consumidor.

Por último, hay que mencionar que, ante este panorama, el sector de la hostelería seguramente será el más perjudicado tras el verano, cuando la economía de las familias se resienta y probablemente asistamos a un desplazamiento de consumo de fuera del hogar hacia el hogar en los próximos meses. Es necesario ir articulando acciones y medidas de apoyo a un sector que viene sufriendo desde el inicio de la pandemia y que seguirá viéndose afectado mientras continúe la escalada inflacionista y la disminución del poder adquisitivo del consumidor.