Una comisión de investigación del Senado francés ha concluido que tanto la Presidencia de la República como el Gobierno francés llevaron a cabo "una estrategia de encubrimiento" acerca del tratamiento fraudulento de Nestlé en sus aguas minerales embotellada de emblemáticas marcas como Perrier.

"A pesar de que, desde el 31 de agosto de 2021, no había duda acerca de la ilegalidad de tratamientos practicados por Nestlé, ninguna autoridad política o administrativa mostró su voluntad para parar con la comercialización de productos que no responden a su etiquetado", denuncian los senadores en su informe.

Las aguas minerales en cuestión, que fueron tratadas con técnicas de purificación prohibidas -algo que salió a la luz por una investigación periodística en 2024-, corresponden a populares marcas como Perrier, Vittel, Contrex y Hépar.

Aunque el impacto en la salud de los usuarios no esté claro, los senadores sí que apuntaron a que el grupo suizo Nestlé vendió agua mineral que en realidad no lo era porque había sido tratada.

En vez de seguir el procedimiento para este tipo de aguas -subterráneas, puras y que no han de ser desinfectadas-, aplicó técnicas de carbón activo y tratamientos ultravioletas que se dedican a aguas contaminadas por pesticidas o materias fecales. Así, las actividades de la multinacional resultaban más lucrativas.

El informe también anotó a las presiones que Nestlé ejerció al Gobierno francés para lograr una legislación más laxa, "favorable" a sus actividades.

Las conclusiones del Senado apuntan a la principal institución del Estado francés, la Presidencia de la República, estaba al corriente y no hizo nada: "Al menos desde 2022, sabía que Nestlé hacía trampas desde hace años", subraya.

"Las autoridades elaboraron una estrategia deliberada de disimulación que se llegó a abordar en la primera reunión interministerial sobre las aguas minerales, el 21 de octubre de 2021. Cerca de cuatro años más tarde, aún no hay transparencia", han indicado los autores del informe.

Por su parte, la ONG Food Watch acusó en un comunicado al Estado francés de dejar "vía libre" a las prácticas de Nestlé y de no haber informado a la Comisión Europea y los otros Estados miembros del fraude que se estaba cometiendo.