El Gobierno prepara un nuevo decreto ley que modificará de forma sustancial la forma en que se calculan los precios del transporte por carretera en España, una medida que impactará directamente en los cargadores, entre ellos los grandes operadores del retail y la distribución alimentaria. La norma, negociada con el sector del transporte, reforzará la obligación de repercutir las variaciones del precio del combustible en los contratos, limitando el margen de negociación de las empresas que contratan estos servicios.

Según ha adelantado Ruta del Transporte, el acuerdo alcanzado entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera y los ministerios de Transportes, Economía y Hacienda se traducirá en un decreto ley que se aprobará en las próximas semanas y que busca adaptar la actual fórmula de revisión de precios a la realidad del mercado energético.

El cambio clave radica en la actualización automática del peso del combustible en los costes del transporte. Hasta ahora, este componente se situaba en torno al 30%, pero con el nuevo sistema –y en un contexto de fuerte encarecimiento del gasóleo por la crisis en Oriente Medio– podrá elevarse hasta el 40%. Esto implica, en la práctica, que los cargadores deberán asumir un mayor incremento de tarifas cuando suba el precio del carburante.

Para el sector del retail, altamente dependiente del transporte por carretera para el abastecimiento de tiendas y plataformas logísticas, esta modificación supone un ajuste relevante en sus estructuras de costes. La medida afecta tanto a los contratos de larga duración como a los servicios spot, al establecer un mecanismo de actualización más rígido y automático.

Además, el futuro decreto irá más allá al blindar la obligatoriedad de aplicar esta fórmula, eliminando la posibilidad de que las partes acuerden sistemas alternativos de revisión de precios. En otras palabras, los cargadores no podrán negociar cláusulas distintas con los transportistas para suavizar o limitar el impacto de las subidas del gasóleo.

Un cambio significativo de homogeneización

Este punto introduce un cambio significativo en la relación entre distribuidores y operadores logísticos. Hasta ahora, algunas empresas habían optado por fórmulas propias o por renegociaciones puntuales, pero el nuevo marco normativo busca homogeneizar el sistema y evitar conflictos recurrentes entre ambas partes.

Desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera consideran que este mecanismo aportará estabilidad. Su vicepresidente, Carmelo González, ha señalado, según recoge Ruta del Transporte, que la nueva fórmula permitirá "marcar unos rangos que actualizan el precio de forma automática", reduciendo la incertidumbre y los conflictos contractuales.

Otro aspecto relevante es que el Gobierno estudia introducir penalizaciones por incumplimiento, lo que añadiría presión adicional sobre los cargadores para aplicar correctamente estas revisiones. Aunque este punto aún debe concretarse, previsiblemente implicará un mayor control sobre los contratos y su ejecución.

En paralelo, el Ministerio de Transportes ha reforzado su posición en favor del sector transportista con varias aclaraciones recientes. Entre ellas, destaca que los cargadores no pueden beneficiarse de las ayudas al gasóleo profesional –como la bonificación de 20 céntimos por litro– ni utilizarlas como argumento para exigir rebajas en los precios del transporte. Esta interpretación limita aún más la capacidad de negociación de los distribuidores.

Para las empresas de retail, este nuevo escenario llega en un momento de elevada presión sobre los márgenes, marcado por la inflación de costes en toda la cadena de valor. El encarecimiento del transporte, sumado a otras partidas como la energía o las materias primas, obligará a revisar estrategias logísticas y comerciales.

En este contexto, los operadores podrían intensificar medidas ya en marcha, como la optimización de rutas, el aumento de la eficiencia en la carga o la revisión de sus redes logísticas, con el objetivo de mitigar el impacto de unos costes de transporte más volátiles y menos negociables.

Con todo, el nuevo decreto refleja un cambio de equilibrio en la cadena de suministro: refuerza la posición de los transportistas y traslada a los cargadores –entre ellos, la gran distribución– una mayor exposición directa a la evolución del precio del combustible. Un escenario que el retail deberá gestionar en los próximos meses en un entorno aún incierto.