La entrada en vigor este mes de abril de los principales desarrollos de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario marca el paso definitivo de la teoría a la práctica en el sector alimentario. Tras un año de adaptación, las obligaciones clave recogidas en el artículo 6 son ya exigibles, con inspecciones y un régimen sancionador activo.

En primer lugar, todas las empresas de la cadena alimentaria –incluida la distribución, hostelería y restauración– deben disponer desde este mes de un Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario. Este documento deja de ser declarativo para convertirse en una herramienta operativa, con análisis de los puntos de generación de mermas, medidas concretas de reducción, indicadores de seguimiento y revisión continua. No contar con este plan puede conllevar sanciones económicas relevantes.

Además, entra en vigor la obligación de aplicar una jerarquía de prioridades en la gestión de excedentes: en primer lugar, prevenir su generación mediante una mejor planificación; en segundo, destinar los alimentos al consumo humano; y, solo en última instancia, a otros usos como alimentación animal o valorización. Este principio afecta directamente a la operativa diaria de tiendas y plataformas logísticas.

Otro de los pilares que se activa este mes es la obligación de formalizar acuerdos de donación con entidades sociales, con condiciones claras de recogida, transporte y trazabilidad. La ley también elimina cualquier barrera contractual a estas prácticas, al declarar nulas las cláusulas que limiten la donación. Estas medidas, previstas desde 2025, pasan ahora a ser plenamente exigibles.

En paralelo, se refuerza el control: desde este mes de abril, comienzan las inspecciones para verificar el cumplimiento efectivo de estas obligaciones, con multas que pueden alcanzar los 500.000 euros en los casos más graves. El objetivo último es reducir a la mitad el desperdicio alimentario en retail y consumo para 2030 .

Del cumplimiento normativo a la práctica en el retail

La gran distribución llega a este momento con parte del trabajo adelantado. En los últimos años, y tal como ha recogido reiteradamente FRS, los principales retailers han desplegado iniciativas que ahora encajan plenamente en el marco legal.

Carrefour ha sido uno de los operadores más activos, con medidas como las "neveras antidesperdicio" y zonas específicas en tienda para productos próximos a caducar con descuentos significativos. También ha impulsado la venta de frutas y verduras "imperfectas", una práctica alineada con la obligación legal de dar salida comercial a productos aptos pero con menor valor estético.

Por su parte, Alcampo ha desarrollado un enfoque integral que combina operativa y tecnología. Según ha publicado FRS, la compañía trabaja con herramientas de analítica avanzada para ajustar pedidos y reducir sobrestocks, además de iniciativas como cestas de productos con fecha próxima o campañas internas para reducir la merma en tienda a mínimos. A ello se suman acuerdos estructurados con bancos de alimentos, ahora obligatorios por ley.

En el caso de Lidl, destacan sus "bolsas antidesperdicio" de frutas y verduras, que permiten dar salida a productos que, pese a estar en perfecto estado, no cumplen estándares comerciales. Esta iniciativa, ampliamente extendida en su red de tiendas, responde directamente a la jerarquía de prioridades que exige la norma.

Otro de los claros ejemplos de compromiso contra el desperdicio es Eroski, que lleva años desarrollando programas de "desperdicio cero". La compañía combina donaciones sistemáticas y colaboración con entidades sociales, con miles de toneladas de alimentos recuperados anualmente. Su modelo anticipa buena parte de las exigencias que ahora impone la ley.

Soluciones tecnológicas, un aliado clave

Más allá de las iniciativas propias, el sector ha encontrado en soluciones tecnológicas un aliado clave. La colaboración con Too Good To Go se ha generalizado en el retail, permitiendo vender excedentes diarios en forma de packs a precio reducido. Esta práctica, cada vez más extendida en supermercados, responde directamente a la obligación de priorizar el consumo humano.

Asimismo, plataformas como Donations+ –también impulsadas en el ecosistema de Too Good To Go– facilitan la gestión digital de donaciones, mejorando la trazabilidad y la eficiencia de los procesos, un aspecto clave en el nuevo marco regulatorio.

Un cambio estructural en el sector

La principal novedad no es tanto la naturaleza de las medidas como su carácter obligatorio. Muchas de las iniciativas que hasta ahora diferenciaban a unos operadores de otros pasan a ser un estándar mínimo exigible. La ley introduce, además, un elemento clave: la medición y trazabilidad del desperdicio, lo que obliga a profesionalizar aún más la gestión.

En este nuevo escenario, el sector afronta el reto de integrar estas prácticas en toda su operativa, desde la planificación de la demanda hasta la relación con proveedores y entidades sociales. Pero también se abre una oportunidad: transformar la lucha contra el desperdicio en una palanca de eficiencia, sostenibilidad y conexión con un consumidor cada vez más sensibilizado.