Las empresas que operan en la cadena alimentaria deben afrontar otra cuenta atrás más que ya está en marcha: la Ley 1/2025, que entró en vigor el pasado 2 de abril, establece en su artículo 6 que, a más tardar el 3 de abril de 2026, deberán disponer de un plan de diagnóstico y prevención del desperdicio. Elaborarlo no es cuestión de días: los equipos de consultoría calculan varios meses de trabajo para completarlo, por lo que las compañías que no hayan iniciado el proceso corren el riesgo de llegar fuera de plazo y enfrentarse a sanciones.

Con vasta experiencia acumulada en el asesoramiento a organizaciones para cumplir la norma, María J. Herrero, fundadora de FoodAdvisor y cofundadora, junto a Silvia Ros, de la Comunidad DAS (Desperdicio Alimentario Sostenible), recomienda no esperar al último momento: "El diagnóstico y la redacción del propio plan de las empresas a las que estamos asesorando nos están llevando entre cuatro y cinco meses, de modo que animamos a que no se esperen a marzo, porque llegarán tarde, y no tenerlo a partir de abril será una infracción grave".

Un tercio de lo que se cultiva acaba en la basura

Cada año en España se desperdician 1.200 millones de kilos de alimentos, unos 25 kilos por persona, según los datos facilitados en el último Congreso sobre Desperdicio Alimentario de Aecoc, celebrado del 22 al 29 de septiembre, en coincidencia con la conmemoración este lunes, 29 de septiembre, del Día Internacional de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.

Esta realidad tiene un coste económico estimado de 11.000 millones de euros y un fuerte impacto social y ambiental: "Casi un tercio de la superficie agrícola a nivel mundial se cultiva para producir alimentos que nunca se consumirán y que acabarán en la basura, lo que genera un impacto de alrededor del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y del 20% de la huella hídrica", advierte Herrero, quien añade otro dato más para la reflexión que trasciende los planos económico y ambiental: "Producimos un 60% más de los alimentos que necesitamos, a la vez que cada día mueren de hambre 40.000 personas".

La experta recuerda que "es fundamental entender que el desperdicio tiene tres esferas: económica, social y ambiental", y que tan importante es la primera como las dos siguientes. Además, incide en un dato fundamental y es que, "aunque pueden variar los porcentajes, son los hogares, con diferencia, el principal escenario de este despilfarro". A continuación se sitúan la restauración, la distribución, el comercio mayorista y la industria alimentaria.

Para la fundadora de FoodAdvisor, el problema "empieza en nuestras casas, pero también en los bares de barrio a los que vamos a comer o en las empresas de toda la cadena alimentaria". "Todos somos consumidores a fin de cuentas y es importante sensibilizar a las personas como agentes de cambio, dentro de las organizaciones, pero también dentro de nuestras casas, donde podemos hacer importantes avances planificando los alimentos y trabajando el aprovechamiento de los alimentos para no tener que tirarlos", añade.

Claves para elaborar el plan

Para cumplir la norma, lo primero que deben analizar las empresas es si la ley les aplica y, en caso afirmativo, realizar un diagnóstico detallado: "Hay compañías que ni siquiera saben dónde están perdiendo alimentos", explica Silvia Ros, fundadora de Alimenta Valores. "Los pasos a seguir son identificar el producto que se tira, después la causa y, por último, el lugar y la cantidad. Solo así podremos prevenir y reducir", aclara.

Tras el diagnóstico, la organización debe formar un equipo multidisciplinar que diseñe el plan de prevención. Este debe incluir objetivos de reducción, un cuadro de acción con indicadores de seguimiento y medidas concretas para evitar excedentes o revalorizarlos según la jerarquía. "La ley no da un guion cerrado, pero sí marca que debemos fijar metas y elaborar medidas preventivas para alcanzar objetivos de recucción", apunta Ros.

Desde DAS insisten en los beneficios de implantar el plan, más allá de un significativo ahorro.

Más allá de la obligación legal, ambas expertas insisten en los beneficios de implantar el plan: "En todas las empresas en las que hemos trabajado se ha producido un ahorro económico significativo y una mayor alineación de los equipos en torno a la sostenibilidad", afirma Ros. "Estamos detectando grandes oportunidades dentro de las organizaciones para seguir creciendo y aprovechando recursos", coincide Herrero.

Una ley para toda la cadena alimentaria

La nueva Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que entró en vigor el pasado 2 de abril, sitúa a España como el tercer país europeo, tras Francia e Italia, con un marco legal específico para combatir este problema, y obliga a toda la cadena: desde la producción agrícola y ganadera hasta la transformación, distribución, hostelería, restauración, entidades de donación y administraciones públicas.

Su objetivo central es prevenir y reducir los excedentes, pero también garantizar la seguridad alimentaria y un consumo responsable. "Era necesario un marco legal donde todos podamos trabajar para prevenir y reducir el desperdicio", destaca Herrero. Y si, pese a poner medidas tenemos excedentes, "la ley nos dice que debemos entonces revalorizarlos siguiendo una jerarquía: primero consumo humano, después animal y, en último lugar, otros usos industriales o energéticos", detalla.

Excepciones y sanciones

Hay excepciones puntuales que son "las que más dudas suscitan", según ambas expertas. Se trata de las microempresas de menos de 10 trabajadores, explotaciones agrarias pequeñas (menos de 50 hectáreas) o locales de restauración de menos de 1.300 m²: "Estos casos no están obligados a elaborar un plan de prevención ni a firmar acuerdos de donación, aunque sí deben cumplir otras obligaciones de la norma".

El régimen sancionador, para aquellas empresas que no cumplan con lo contemplado en la ley, se divide en tres bloques:

• Infracciones leves: por ejemplo, no aplicar la jerarquía de prioridades o no donar alimentos implican multas de hasta 2.000 euros.
• Infracciones graves: por reincidencia o por no disponer del plan cuando sea obligatorio, con sanciones de hasta 60.000 euros.
• Infracciones muy graves, cuando se acumulan varias infracciones graves, con multas de hasta 500.000 euros.

Régimen sancionador contemplado en la Ley 1/2025.

El papel del consumidor

Aunque la norma se dirige a empresas, no exime a los hogares de responsabilidad. "Planificar la compra, conservar bien los alimentos y aprovechar las sobras son pasos sencillos que marcan la diferencia", recuerda Ros. Herrero añade: "La sensibilización en torno a este tema es importante: en casa también podemos lograr avances decisivos para evitar tirar comida".

De acuerdo con las conclusiones del "Barómetro del desperdicio alimentario: Hábitos de aprovechamiento de la alimentación de los españoles" de Aecoc, elaborado a finales de 2024 a partir de mil encuestas a consumidores, se confirma que "hay una tendencia a reducir el desperdicio", ya que el 36% de los hogares admite tirar alimentos con frecuencia, frente al 40% que así lo aseguraba en la encuesta de Aecoc de 2016. Además, el 85% afirma conocer y aplicar estrategias para reducir el desperdicio en el hogar.

Según la responsable de desarrollo comercial de Aecoc, Carlota Usatorre, que expuso el contenido del barómetro hace unos días en el marco del decimotercer Encuentro sobre Desperdicio Alimentario que la organización empresarial celebró en Madrid, el 95% de las personas encuestadas considera que la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario es una buena iniciativa y contribuirá a reducir significativamente la cantidad de alimentos que se desperdician en los supermercados.

En este sentido, el barómetro también arroja un dato que da que pensar: el 91% de los consumidores cree que los supermercados tiran mucha comida no vendida y solo el 32% conoce alguna de las medidas que aplican para prevenir o reducir el desperdicio. Entre las iniciativas que consideran positivas para atajar el problema figuran el fomento de la venta a granel, ofrecer la posibilidad de servir productos frescos envasados al vacío, así como los descuentos que ya se hacen sobre los alimentos próximos a caducar.

En cuanto al desperdicio en hostelería, el informe de Aecoc constata que, a finales de 2024, el 89% de la población pide llevarse la comida sobrante cuando sale a comer fuera.