El director general de Alimentación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, considera que "las ayudas públicas están para transformar el sector" y, en este sentido, ha defendido los ajustes aprobados por el Gobierno en la norma que regula las ayudas a la integración de cooperativas agroalimentarias para que "el impacto sea mayor y mejor medido".
Además, ha recordado que "hay 100 millones de euros en este periodo PAC para impulsar cooperativas más fuertes, más competitivas y con más capacidad de negociación en la cadena alimentaria".
Sus apreciaciones se producen después de que el Consejo de Ministros aprobara, hace dos días, una modificación normativa orientada a reforzar la eficacia de esta línea de apoyo, incluida en el actual periodo de la Política Agraria Común (PAC). El objetivo es favorecer procesos de integración que permitan ganar dimensión empresarial, eficiencia operativa y capacidad comercial a las entidades asociativas.
Cambios normativos
Entre los cambios introducidos para reforzar el impacto de las ayudas a la integración de cooperativas agroalimentarias destacan nuevos criterios de priorización territorial. A partir de ahora, se reforzará el respaldo a inversiones ubicadas en zonas estratégicas recogidas en marcos de actuación o planes específicos, alineando así las ayudas con las prioridades de desarrollo rural y vertebración territorial.
Asimismo, se establece un sistema de evaluación económica más objetivo y armonizado, con indicadores comunes que permitirán medir mejor el impacto real de los proyectos financiados. Esta revisión busca incrementar la transparencia, homogeneizar criterios y reducir cargas administrativas tanto para las cooperativas solicitantes como para la Administración.
En paralelo, el Ejecutivo ha actualizado diversas disposiciones en materia de calidad alimentaria. Entre otras medidas, se incluye el pan sin gluten en la norma de calidad del pan; se autoriza la comercialización de horchata sin azúcares añadidos o con contenido reducido de azúcar, manteniendo sus estándares tradicionales; y se revisan las normas relativas a grasas comestibles, galletas, vinagres y derivados cárnicos.
Con esta reforma, el Gobierno pretende mejorar la información al consumidor, reforzar la trazabilidad y la seguridad jurídica, incorporar avances en procesos y productos y, en última instancia, fortalecer la competitividad del sector agroalimentario.
