Noviembre está a la vuelta de la esquina, pero el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) sigue sin despejar algunas de las incógnitas más importantes para su puesta en marcha.
A poco más de un mes de la fecha que marca la normativa española para su implantación, tres de las entidades que han solicitado autorización para operar el sistema –Asociación SDDR para España, Procircular y Ecoembes– han asegurado a FRS seguir sin novedades sobre la resolución de los expedientes ni sobre el calendario que debería marcar los siguientes pasos. Mientras tanto, fabricantes, distribuidores y retailers continúan a la espera de definiciones clave para poder planificar inversiones, adaptar sus operativas y preparar sus organizaciones para el nuevo escenario.
La situación resulta especialmente llamativa porque la implantación del SDDR supondrá uno de los mayores cambios en la gestión de envases de bebidas en España de las últimas décadas. Sin embargo, a día de hoy siguen pendientes cuestiones tan relevantes como la autorización de los futuros operadores, la adaptación del marco normativo español al Reglamento europeo de envases o la definición de aspectos esenciales relacionados con la interoperabilidad, la gobernanza y el funcionamiento práctico del sistema.
El diagnóstico de las fuentes consultadas por FRS es coincidente: todavía faltan definiciones fundamentales para poder avanzar con certidumbre hacia el despliegue del sistema. Antonio Romero, secretario general de la Asociación SDDR para España, confirma que la organización continúa sin tener noticias sobre la solicitud presentada para operar el sistema: "La Asociación SDDR para España presentó su solicitud para operar como sistema SDDR y actualmente estamos pendientes de recibir la autorización de la Comunidad de Madrid. El proceso continúa en tramitación y la resolución corresponde a la Administración", explica.
Desde Procircular describen una situación similar. Su directora general, Carmen Sánchez, señala que "las solicitudes siguen tramitándose en la Comunidad de Madrid con la intervención preceptiva de la Comisión de Coordinación de Residuos" y considera que la prioridad en estos momentos debería ser trasladar al mercado una hoja de ruta clara: "El paso decisivo ahora es cerrar las cuestiones pendientes, otorgar las autorizaciones correspondientes y trasladar al mercado un calendario administrativo y operativo claro", afirma.
Ecoembes tampoco oculta la falta de certezas. La organización reconoce el "nivel tan alto de indefinición" existente y señala que productores y empresas necesitan disponer de "reglas de juego claras y un calendario asumible" que permita un desarrollo en tiempo y forma del futuro sistema.
Más allá de noviembre
Aunque la proximidad de noviembre ha monopolizado gran parte del debate en los últimos meses, las fuentes consultadas coinciden en que el verdadero problema ya no es únicamente la fecha, sino todo lo que sigue pendiente de concretarse. "La normativa española establece noviembre de 2026 como referencia para la puesta en marcha del sistema. Sin embargo, a día de hoy todavía deben concretarse elementos esenciales para avanzar hacia su implantación efectiva", señala Romero. Entre ellos cita expresamente la adaptación del marco normativo español al Reglamento europeo y la resolución del proceso para determinar, como decíamos anteriormente, qué entidad o entidades podrán operar finalmente el sistema.
El secretario general de la Asociación SDDR para España recuerda además la magnitud del reto al que se enfrenta el sector: "Hablamos de un sistema que deberá responder a más de 8.000 municipios, cerca de 500.000 puntos de venta entre alimentación y hostelería y realidades territoriales y comerciales muy diferentes", subraya Romero.
Por ello, evita aventurar nuevos calendarios y apuesta por centrar el debate en los hitos pendientes: "Más que anticipar una nueva fecha que no nos corresponde fijar, creemos que el foco debe estar en avanzar en los hitos necesarios para poder implantar el sistema con garantías", sostiene. Y añade que el horizonte está claro: debe situarse en contribuir al cumplimiento del objetivo europeo de alcanzar una recogida separada del 90% en 2029.
Desde Procircular comparten esa visión. Sánchez reconoce que la referencia legal continúa siendo noviembre de 2026, pero advierte de que la realidad operativa es muy distinta: "Nos dice que todavía quedan cuestiones esenciales por resolver para poder desplegar un sistema de esta complejidad". Y añade una reflexión que resume buena parte de la situación actual: "No podemos hablar únicamente de instalar máquinas".
La responsable de Procircular recuerda que siguen pendientes cuestiones relacionadas con la coordinación del sistema, las responsabilidades de los distintos agentes, el etiquetado, los protocolos antifraude, la logística, la trazabilidad, los mecanismos financieros y de compensación o las propias reglas de interoperabilidad. "Necesitamos conocer los hitos: resolución de las autorizaciones solicitadas, las reglas comunes entre sistemas, los estándares técnicos y de interoperabilidad, mecanismos de compensación, adaptación de fabricantes y distribución, pruebas y un periodo de transición adecuado", reclama. "Cuanto antes exista esa certidumbre, antes podrán realizarse las inversiones necesarias y comenzar el despliegue efectivo".
La distribución espera certezas
Este nivel de incertidumbre tiene una traducción directa para la distribución, que deberá asumir una parte importante de la operativa del futuro sistema. Las grandes cadenas llevan meses analizando espacios, flujos de clientes, logística inversa, almacenamiento y posibles inversiones en máquinas de retorno. Sin embargo, la falta de definiciones concretas dificulta la toma de decisiones.
"Prepararse sí; precipitar decisiones irreversibles, no", resume Sánchez. La directora general de Procircular recuerda que una máquina de retorno es mucho más que un equipo capaz de recoger botellas y latas. "Tiene que conectarse con las bases de datos del sistema, identificar qué envases son válidos, gestionar correctamente el depósito, prevenir el fraude y transmitir información". Por ello, defiende soluciones abiertas, interoperables y tecnológicamente flexibles que eviten que los retailers queden condicionados por un operador concreto.
Desde la Asociación SDDR para España también reconocen que muchas decisiones de inversión requieren una mayor certidumbre. Romero destaca el trabajo realizado por la distribución durante el último año, pero admite que para avanzar es necesario despejar cuanto antes las incógnitas pendientes: "La voluntad y el trabajo están ahí; ahora necesitamos que se vayan despejando esos elementos para poder dar los siguientes pasos".
Ecoembes comparte esa preocupación y subraya que son precisamente los productores, responsables de articular y poner en marcha el sistema, quienes más necesitan seguridad jurídica y operativa para avanzar. La organización confía en que "la futura actualización del Real Decreto de Envases, que actualmente se encuentra en fase preparatoria, contribuya a arrojar la luz necesaria" para avanzar en el desarrollo del modelo.
Uno o varios operadores
Otra de las cuestiones que siguen abiertas es cómo se articulará finalmente la gestión del sistema. Romero evita especular sobre el resultado del proceso de autorización y recuerda que esa decisión corresponde a la Administración. No obstante, sí deja clara cuál debería ser la prioridad: "Lo verdaderamente importante es que, independientemente de cómo se articule finalmente su gestión, el SDDR funcione como un sistema universal, coordinado y homogéneo en todo el territorio". Desde su punto de vista, el ciudadano debe encontrar las mismas reglas de funcionamiento independientemente del lugar donde compre o devuelva un envase.
Procircular, por su parte, considera perfectamente compatible un escenario con varios operadores autorizados. Eso sí, bajo determinadas condiciones. "El problema no es que existan varios operadores. El riesgo es tener varios operadores sin unas reglas comunes de coordinación", advierte Sánchez.
A su juicio, la competencia puede aportar eficiencia, innovación y capacidad de elección para las empresas, pero requiere una coordinación sólida: "Un escenario con varios operadores es perfectamente compatible con un SDDR eficiente si garantizamos interoperabilidad, estándares tecnológicos comunes, reglas homogéneas para el depósito y el retorno, mecanismos de compensación, criterios antifraude comunes y una gobernanza neutral de los elementos compartidos".
El verdadero cuello de botella
Las tres organizaciones coinciden en señalar que el desafío será enorme. Ecoembes llega incluso a afirmar que el sistema que finalmente se implante en España "posiblemente sea el más complejo de Europa y uno de los más ambiciosos a nivel global", debido a factores como la dispersión territorial, la fragmentación comercial o la elevada presión turística. Pese a ello, remarca que ya es incuestionable "la necesidad de evolucionar y fortalecer el modelo para cumplir esta meta", y que lo que toca ahora "es que la administración y la industria avancen de manera coordinada para cumplir con los objetivos".
Romero también insiste en la complejidad inherente al proceso y recuerda que el futuro sistema deberá adaptarse a realidades muy distintas y combinar formas de devolución automáticas y manuales para garantizar su accesibilidad en todo el territorio.
Para Sánchez, sin embargo, el principal problema actual no está en la tecnología. "El principal cuello de botella del SDDR en España no es tecnológico. Es de definición del modelo, gobernanza y tramitación administrativa". La directora general de Procircular insiste en que "tenemos la tecnología, hay máquinas de retorno, sistemas de identificación, experiencia internacional y operadores logísticos capaces de desarrollar las soluciones necesarias". Lo que falta ahora, sostiene, es "convertir el trabajo técnico realizado por todos los actores durante los últimos meses en un marco operativo claro".
Por resumir el estado actual de la cuestión, los dos hitos especialmente relevantes para seguir concretando el modelo, en opinión de la Asociación SDDR para España, son la resolución del proceso de autorización de la entidad o entidades que podrán operar el sistema y la adaptación del marco normativo español al Reglamento europeo. "Ambos son necesarios para aportar claridad sobre aspectos esenciales del futuro SDDR y poder abordar las siguientes fases con mayores garantías", concluyen.
Mientras tanto, el reloj sigue avanzando. Y aunque nadie cuestiona ya la necesidad de evolucionar el modelo para alcanzar el objetivo del 90% de recogida separada exigido por la legislación europea, las respuestas sobre cómo, cuándo y bajo qué reglas se pondrá en marcha el SDDR en España continúan sin llegar. A pocas semanas de noviembre, esa sigue siendo la principal conclusión que comparten quienes están llamados a protagonizar su futura implantación.
