La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que el Gobierno prevé implantar supondrá un golpe de más de 5.000 millones de euros para los sectores de la restauración y el alojamiento turístico. Así lo han advertido Hostelería de España y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que denuncian el impacto "grave" que la medida tendrá sobre el tejido empresarial.

En un comunicado conjunto, ambas patronales han alertado de que la reforma laboral, en los términos actuales, generará costes difíciles de absorber para negocios que operan con un alto nivel de presencialidad y en condiciones de alta estacionalidad. En el caso concreto de la hostelería, el impacto salarial directo derivado de la reducción horaria alcanzará los 2.538 millones de euros, según las estimaciones de Hostelería de España.

El efecto sobre la actividad va más allá. "La producción está vinculada a la presencialidad", recuerdan desde la patronal, por lo que la reducción del tiempo de servicio y producción en los locales podría traducirse en un descenso del 3% en la facturación total de hostelería y sector hotelero, lo que equivale a 5.099 millones de euros anuales.

Cehat, por su parte, ha subrayado la dificultad de adaptar esta medida a sectores como el hotelero, "donde la flexibilidad y la estacionalidad son intrínsecas a la actividad". Ambas organizaciones cuestionan que el modelo propuesto tenga en cuenta las particularidades de un entramado empresarial que incluye más de 300.000 empresas, muchas de ellas pymes.

Uno de los principales escollos identificados por las patronales es la reorganización de los turnos en negocios que prestan servicio 24 horas al día. "En estas nuevas circunstancias dejarían franjas horarias descubiertas", advierten, al considerar "insalvables" algunos de los retos operativos que supondría la medida.

Las organizaciones empresariales del sector turístico se han alineado así con la postura ya manifestada por la CEOE y Cepyme, que han reclamado una negociación con margen para adaptaciones sectoriales y han puesto en duda la viabilidad de la reforma en determinados ámbitos productivos.

La reducción de jornada forma parte del acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos, en el que no han participado las patronales, que insisten en que medidas de este alcance no pueden imponerse sin tener en cuenta el impacto económico sobre las empresas.