El Parlamento Europeo ha dado hoy el paso definitivo para simplificar el Reglamento de la UE sobre Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) y aplazar su aplicación, al ratificar formalmente en sesión plenaria el acuerdo político provisional alcanzado el pasado 4 de diciembre con el Consejo para garantizar y asegurar su correcta implantación.
Con esta votación, la Eurocámara valida el texto pactado entre ambas instituciones europeas y allana el camino para la entrada en vigor de una de las normas más ambiciosas del Pacto Verde en materia de lucha contra la destrucción de bosques asociada a la actividad de las cadenas de suministro globales.
Este respaldo parlamentario llega tras meses de intensa negociación y de presión por parte de los sectores afectados, que venían reclamando mayor claridad, simplificación y seguridad jurídica en la aplicación de un reglamento que introduce exigencias inéditas en materia de trazabilidad, diligencia debida y geolocalización hasta la parcela de origen de determinadas materias primas y productos transformados.
El acuerdo político validado hoy con un amplio respaldo mantiene el objetivo central de la norma –impedir la comercialización en la UE de productos vinculados a la deforestación y la degradación forestal–, pero incorpora ajustes relevantes en plazos y obligaciones con el fin de facilitar su aplicación práctica. Con este movimiento de aguja en el calendario, la gran fecha ya no será diciembre de 2025, sino el 30 de diciembre de 2026 para grandes empresas y el 30 de junio de 2027 para pymes.
En este contexto, asociaciones empresariales clave del gran consumo, la distribución y la industria alimentaria valoran de forma matizada el refrendo del Parlamento. Coinciden en respaldar el objetivo ambiental del reglamento, pero insisten en que el éxito de la EUDR dependerá de cómo se concrete su despliegue en los próximos meses y de hasta qué punto las instituciones europeas y las administraciones nacionales sean capaces de ofrecer un marco operativo claro, proporcionado y viable.
Desde la óptica del gran consumo, Aecoc subraya que las empresas llevan tiempo trabajando e invirtiendo esfuerzos para la llegada de la EUDR, aunque confirma que el camino no está exento de dificultades. "Las empresas llevan tiempo preparándose para la implementación del EUDR, pero coinciden en que era necesario flexibilizar, clarificar y aplazar la entrada en vigor para poder aplicar la norma con mayor eficiencia", señalan Ferran Boadas, responsable de Asesoría Jurídica y Public Affairs, y Cinta Bosch, gerente de Sostenibilidad de la asociación. A su juicio, la complejidad del Reglamento y la falta de definición de algunas obligaciones han generado una notable inseguridad, pese a las sucesivas versiones de preguntas y respuestas publicadas este año por la Comisión Europea.
Aecoc destaca además que la incertidumbre regulatoria se ha visto agravada por la revisión del texto emprendida por las propias instituciones comunitarias. "El sector seguía pendiente de confirmar si la entrada en vigor se mantenía en diciembre de 2025 o si habría cambios en plazos u obligaciones, como así ha ocurrido", apuntan sus representantes, que recuerdan que la verdadera brecha no se produce tanto entre fabricantes, distribuidores u operadores logísticos, sino entre importadores y productores –sobre quienes recae la mayor parte de las exigencias– y el resto de eslabones de la cadena.
Uno de los grandes retos identificados por Aecoc es la capacidad real de las empresas para cumplir con las obligaciones operativas que impone el reglamento. La identificación de los productos afectados, la adaptación de los sistemas informáticos para conectarlos con la plataforma europea, la recopilación y gestión de información procedente de proveedores o la evaluación de los sistemas de diligencia debida son algunos de los desafíos más inmediatos. "En Europa no existía un modelo tan desarrollado de diligencia debida como el que exige el EUDR, por lo que los sistemas actuales muestran una madurez limitada para este nivel de trazabilidad, y serán necesarias inversiones para adaptarlos", advierten Boadas y Bosch.
En opinión de Aecoc, la verdadera brecha no se produce tanto entre fabricantes, distribuidores u operadores logísticos, sino entre importadores y productores –sobre quienes recae la mayor parte de las exigencias– y el resto de eslabones de la cadena
Desde el punto de vista legal, Aecoc señala como especialmente sensibles la declaración de diligencia debida, la recopilación de datos de geolocalización y los mecanismos de verificación. Aunque las sanciones están previstas en el reglamento, su desarrollo concreto en España aún está pendiente, lo que añade una capa adicional de incertidumbre en este sentido.
La cadena "aguas abajo" se simplifica
Para la asociación, la existencia de dificultades prácticas tanto en la interpretación de la diligencia debida por parte de importadores y productores como en su verificación por los operadores sucesivos era una realidad, y un aspecto que la UE ha previsto simplificar. El rediseño pactado de la norma ha buscado concentrar la carga de declarar en la parte inicial de la cadena y evitar duplicidades posteriores. Así, la declaración de diligencia debida, que se registra en el sistema europeo y sirve como "pasaporte" de cumplimiento, queda esencialmente vinculada al operador que pone el producto en el mercado por primera vez. A partir de ahí, la cadena "aguas abajo" se simplifica, evitando tener que volver a declarar para, en su lugar, solo tener que conservar, verificar y manejar el número de referencia de la declaración inicial.
En el ámbito de la distribución alimentaria, Asedas valora positivamente el refrendo del acuerdo y pone positivamente el acento en las simplificaciones introducidas durante la negociación. María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de la asociación, sostiene que "las propuestas de simplificación por la Comisión-Consejo-Parlamento son muy significativas respecto a las obligaciones de los supermercados, que se reducen muy sustancialmente; y el calendario diferenciado propuesto para grandes empresas/operadores generales y pymes introduce un periodo de adaptación para todos que es muy conveniente".
En este sentido, Asedas no prevé tensiones significativas: "No se visualizan ni riesgos en el abastecimiento ni cambios radicales en el surtido", afirma Martínez-Herrera, que subraya que, con la simplificación del texto, "lo más importante es que nuestros proveedores deben tener la diligencia debida, pero ahora el retail no va a tener ese papel de vigilante y de tener que volcar toda la información en el sistema informático de la Comisión", aclara.
Según Asedas, las propuestas de simplificación por la Comisión-Consejo-Parlamento son muy significativas respecto a las obligaciones de los supermercados, que se reducen muy sustancialmente
No obstante, la distribución identifica productos y cadenas de suministro especialmente sensibles, como la soja para piensos, el cacao o el café, donde la trazabilidad es más compleja por la existencia de redes extensas de pequeños agricultores. En estos casos, la viabilidad técnica en origen es uno de los principales escollos, aunque la responsabilidad formal recaiga en el primer operador o importador. La posibilidad de que los operadores de bajo riesgo puedan utilizar la dirección postal en lugar de la geolocalización de la parcela es vista por Asedas como un alivio relevante.
Desde la perspectiva económica, la asociación reconoce que las nuevas obligaciones suponen un coste adicional en la producción de alimentos, aunque confía en que la cadena de valor agroalimentaria intente minimizar su repercusión. "La competitividad y la eficiencia de la cadena de valor agroalimentaria intentarán, como siempre, que la repercusión sea la mínima", apunta Martínez-Herrera, quien insiste en la necesidad de que el reglamento se centre en los riesgos reales de deforestación y evite cargas administrativas desproporcionadas.
La industria del dulce, representada por Produlce, comparte la valoración prudente del acuerdo refrendado hoy. Su secretario general, Rubén Moreno, destaca que el sector lleva tiempo trabajando en sistemas de trazabilidad y recopilación de información, pero reconoce que la incertidumbre regulatoria ha sido "muy distorsionadora" durante el último año. "El acuerdo alcanzado por Consejo y Parlamento Europeo marca una senda de simplificación sin renunciar a los objetivos fundamentales del Reglamento, aunque todavía existen incertidumbres técnicas y operativas que requieren mayor claridad regulatoria, cuestión que deberá abordarse en Bruselas en los próximos meses", afirma.
Para Produlce, los productos más afectados serán aquellos que utilizan cacao y sus derivados, una materia prima clave para el sector y con cadenas de suministro complejas. Moreno advierte de que, pese a las prórrogas previstas para las pymes, el impacto económico puede ser significativo. "El principal riesgo es la carga administrativa y de inversión tecnológica, por lo que es fundamental que el marco se implemente de forma clara, previsible y proporcionada", señala, mostrando especial preocupación por enfoques como el denominado ‘importador +1’, que podrían generar costes innecesarios para miles de pequeñas empresas.
La trazabilidad hasta la parcela de origen es, a juicio de Produlce, el mayor reto operativo. Aunque algunas compañías ya cuentan con bases sólidas, la madurez de los sistemas no es homogénea y será necesario invertir en digitalización, interoperabilidad y verificación de datos. "Esta transición implica esfuerzos económicos y de capacitación, especialmente en entornos donde la disponibilidad de información geolocalizada aún es limitada", explica Moreno.
El sector del dulce también comparte la inquietud por posibles tensiones en el abastecimiento y encarecimientos de materias primas importadas como el cacao. Según Moreno, el EUDR puede generar circuitos de producción diferenciados para el mercado europeo frente a otras regiones del mundo, con costes adicionales asociados a la diligencia debida. "Entendemos que la vía simplificadora es muy oportuna y necesaria para minimizar estos impactos sobre los fabricantes europeos mientras se asegura la sostenibilidad de la producción. De otra manera, y en la situación volátil que viven los mercados, la competitividad de las industrias europeas, y especialmente de las más pequeñas, podría ponerse en claro riesgo", subraya.
La trazabilidad hasta la parcela de origen es, a juicio de Produlce, el mayor reto operativo. Aunque algunas compañías ya cuentan con bases sólidas, la madurez de los sistemas no es homogénea y será necesario invertir en digitalización, interoperabilidad y verificación de datos
Pese a todo, Produlce considera que el Reglamento puede ser una oportunidad si se implementa correctamente. "Bien implementado, supone dar un paso más en la labor que las empresas ya estaban llevando a cabo en el ámbito de la sostenibilidad a través de programas público-privados con los países de origen del cacao", afirma su secretario general, que advierte, no obstante, de los riesgos de un EUDR mal definido, complicado de implantar y con lagunas jurídicas: "En ese caso, supondría problemas de gran calado para las producciones europeas".
Plazo límite para la vigencia
Con el refrendo formal del Parlamento Europeo, la Ley de Deforestación de la UE entra ahora en su recta final antes de su publicación y aplicación efectiva: es indispensable que este proceso de adopción formal y la posterior publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea se completen antes de que finalice el año 2025. De no ratificarse y publicarse a tiempo, la versión original del reglamento (sin la prórroga de un año) entraría legalmente en vigor el 31 de diciembre de 2025.
Dando por bueno que así sucederá, para los operadores el foco se desplaza a los próximos meses, en los que se jugará la verdadera eficacia de la norma: la concreción de los actos de ejecución, la clarificación de obligaciones, la capacitación de las autoridades competentes y la adaptación de las cadenas de suministro. Como coinciden Aecoc, Asedas y Produlce, el objetivo es compartido y el verdadero reto es convertir este Reglamento en una realidad operativa que combata la deforestación sin poner en riesgo la competitividad ni el abastecimiento del mercado europeo.
Acompañamiento en la fase de aterrizaje
Además, las tres organizaciones coinciden en señalar que el éxito real de la EUDR no se medirá solo por su aprobación formal, sino por la capacidad de las instituciones para acompañar a las empresas en la fase de aterrizaje. Desde Aecoc insisten en que la norma debe ir acompañada de un esfuerzo equivalente por parte de la Administración. "Para evitar disrupciones, es esencial que las obligaciones de las empresas vayan acompañadas de responsabilidades claras por parte de la Administración pública", advierten Ferran Boadas y Cinta Bosch, que ponen el foco en el papel de las aduanas y de los controles en frontera. A su juicio, "el personal de Aduanas debe estar plenamente capacitado para aplicar la norma correctamente y evitar bloqueos innecesarios de mercancías".
Aecoc también alerta del riesgo de que la EUDR sea percibida por las empresas como un ejercicio puramente burocrático si no se ajusta debidamente su enfoque. "Existe el riesgo de que la norma acabe siendo percibida como una traba burocrática, dificultando su capacidad para abordar realmente la raíz del problema ambiental", señalan, recordando que las obligaciones son homogéneas y afectan por igual a las empresas, "por lo que el margen para la diferenciación comercial es limitado".
Desde Aecoc alertan del riesgo de que la EUDR sea percibida por las empresas como un ejercicio puramente burocrático si no se ajusta debidamente su enfoque
En la misma línea, Asedas reclama que el desarrollo definitivo del Reglamento tenga en cuenta el enorme esfuerzo ya realizado por los operadores. María Martínez-Herrera reconoce que "la sensación es agridulce", porque "el trabajo realizado por técnicos de los países, de las empresas y de las asociaciones ha sido inmenso y se podía haber evitado con un mejor texto de inicio". Aun así, valora positivamente que la simplificación permita al retail centrarse en su papel principal dentro de la cadena y no en una función de supervisión excesiva.
Desde la distribución, también subrayan la importancia de contar con directrices claras y homogéneas. "Tenemos que ver bien el texto final para estudiar el alcance real legal y operativo para los diferentes operadores", señala Martínez-Herrera, que insiste en que "la complejidad técnica es la mayor preocupación" y que la estandarización documental será clave para facilitar el cumplimiento.
Produlce, por su parte, pone el acento en la necesidad de seguridad jurídica y de una aplicación homogénea en toda la UE. Rubén Moreno advierte que "es fundamental garantizar que los productos importados cumplen exactamente las mismas obligaciones que los fabricados en la UE, evitando distorsiones competitivas". De lo contrario, señala, "la competitividad de las industrias europeas, y especialmente de las más pequeñas, podría ponerse en claro riesgo".
El secretario general de Produlce insiste también en que la colaboración con los países de origen será determinante. "El Reglamento exigirá una colaboración aún más estrecha con países productores, especialmente en materia de información y trazabilidad", afirma, recordando que muchas empresas ya cuentan con experiencia previa en programas de sostenibilidad en origen, pero que será necesario reforzar el apoyo técnico y la cooperación institucional.
Rubén Moreno, secretario general de Produlce, advierte que "es fundamental garantizar que los productos importados cumplen exactamente las mismas obligaciones que los fabricados en la UE, evitando distorsiones competitivas"
En cuanto a los elevados requerimientos de tecnología, tanto Aecoc como Produlce coinciden en que la EUDR actuará como catalizador, pero con matices. Desde Produlce, Rubén Moreno señala que "el Reglamento sin duda está acelerando su adopción generalizada", aunque advierten de que estas herramientas "no deben derivar en burocracia excesiva, duplicidades ni costes excesivos que puedan dejar fuera del mercado a las empresas más pequeñas".
Aecoc, por su parte, recuerda que la tecnología no es suficiente por sí sola, ya que el reglamento incorpora también exigencias sociales y de gobernanza que requieren otro tipo de mecanismos de control y verificación.
Con estas advertencias, el sector encara ahora una fase decisiva. El refrendo del Parlamento Europeo cierra el capítulo político, pero abre el más complejo: el de la implementación efectiva. Un proceso en el que, como resumen desde Aecoc, "es fundamental que la normativa, además de flexibilizarse, sea aplicada con criterios de eficiencia", una tarea que marcará el impacto real de la Ley de Deforestación en las cadenas de suministro europeas en los próximos años.
