Fedepesca, Ceoppan y Cedecarne, las principales patronales del comercio especializado en pescadería, panadería y carnicería, reclaman que las microempresas y los negocios minoristas queden exentos del sistema de facturación electrónica Verifactu, al considerar que el coste económico y técnico del nuevo sistema supera con creces su capacidad operativa.

Las organizaciones empresariales reconocen como un avance la decisión del Gobierno de ampliar hasta julio de 2027 el plazo para que autónomos y pymes se adapten a Verifactu. Sin embargo, advierten de que la prórroga resulta insuficiente para miles de pequeños comercios, caracterizados por estructuras mínimas, escasa digitalización y una elevada carga de trabajo. Según recuerdan, los comerciantes autónomos del sector trabajan de media 47 horas semanales, lo que limita su margen para asumir procesos administrativos adicionales.

El principal escollo, subrayan las patronales, es la propia operativa de muchos establecimientos especializados. La venta mediante báscula —habitual en carnicerías, pescaderías o panaderías— dificulta la integración del sistema y obliga a invertir en nuevos equipos y programas informáticos. Un esfuerzo que, en muchos casos, compromete la viabilidad económica del negocio.

Por este motivo, las asociaciones proponen ampliar las exenciones más allá del tamaño empresarial y contemplar criterios adicionales, como la edad del autónomo —mayores de 60 años—, la forma jurídica —comunidades de bienes con menos de diez trabajadores— o la pertenencia al Régimen Especial de Recargo de Equivalencia del IVA, habitual en el comercio minorista.

Desde el punto de vista fiscal, las patronales sostienen que la exención tendría un impacto limitado en la lucha contra el fraude. El comercio especializado representa alrededor del 5% del conjunto del sector, por lo que su exclusión apenas afectaría a la recaudación, pero sí evitaría el cierre de miles de pequeños negocios. En un contexto de presión inflacionaria y pérdida de tejido comercial en barrios y municipios, el sector pide a Hacienda que priorice la proporcionalidad de la norma frente a una aplicación uniforme que, advierten, puede resultar contraproducente.