El Gobierno quiere poner coto a la reduflación, la práctica por la que fabricantes y distribuidores en ocasiones reducen la cantidad de un producto sin una disminución proporcional en su precio.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, prepara una modificación inmediata de la Ley de Consumo Sostenible para garantizar que los consumidores estén debidamente informados cuando se enfrenten a este tipo de reajustes comerciales.

La reforma afectará al artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según ha podido confirmar Europa Press. Su objetivo es reforzar el derecho a la información de los consumidores en un contexto de creciente malestar por prácticas que, si bien son legales, erosionan la confianza y transparencia en el mercado.

La reduflación —reducción encubierta de la cantidad de producto sin una bajada equivalente en el precio— ha sido adoptada por múltiples empresas como vía para sortear las tensiones inflacionistas sin trasladar abiertamente subidas de precios. Aunque técnicamente legal, esta estrategia puede inducir a error al consumidor, que percibe el envase como igual al anterior y presupone que contiene la misma cantidad.

La nueva redacción del artículo 20 incorporará la obligación de notificar de manera "clara y comprensible" cuando se reduzca la cantidad nominal o el número de unidades en un producto preenvasado, y esa reducción implique un aumento del precio por unidad de medida. Este aviso deberá ser "legible y visible" en el punto de venta, y mantenerse durante un periodo mínimo de 90 días desde la puesta en el mercado del producto con sus nuevas características.

El Gobierno quiere que esta información aparezca de forma destacada en el lineal o etiquetado, y no quede diluida en la letra pequeña del envase. La modificación incluirá productos en envases individuales y paquetes con varias unidades, ampliando así el alcance respecto a la proposición de ley ya registrada por el Grupo Parlamentario Socialista, que únicamente contemplaba la reducción de contenido en envases unitarios.

Fuentes del Ministerio insisten en que la medida no solo protege al consumidor, sino que también fomenta una "competencia más leal" entre empresas, evitando que unas ganen ventaja ocultando cambios mientras otras apuestan por la transparencia. “No se trata de prohibir, sino de informar”, resumen desde el departamento.

La reforma, que podría llevarse al Consejo de Ministros en las próximas semanas, llega en plena reflexión pública sobre la ética de ciertas prácticas comerciales en un momento de elevada sensibilidad social por el encarecimiento del coste de vida. El Ejecutivo busca así equilibrar las reglas del juego en los supermercados y reforzar la confianza de los consumidores en los productos que adquieren.